La Asociación de Padres y Madres de Alumnos del Col·legi Pius XII
presentará hoy en la Conselleria d'Educació las firmas recogidas
entre los padres de alumnos del centro contra la aplicación de las
nuevas normas de baremación para el próximo curso. Estas normas,
contenidas en el Decreto 54/2001, han implicado la desaparición del
punto de libre designación, del que disponían los alumnos
matriculados en el primer ciclo de Infantil del centro (P1 y P2,
uno y dos años), enseñanza de pago al no estar subvencionada, con
la intención de acceder al segundo ciclo de Infantil (P3), en que
empieza la enseñanza subvencionada.
El punto puede llegar a resultar decisivo, porque sin él estos
niños pueden quedar excluidos o tener que estar pendientes del
resultado de un sorteo a la hora de acceder a los cursos
concertados, pues tendrán las mismas oportunidades que cualquier
otro niño que venga de fuera. Por eso, los padres, que aseguran que
nadie les había advertido de lo que ocurriría, han reclamado al
conseller d'Educació, Damià Pons, con quien se reunieron el pasado
día 30, una prórroga de uno o dos años en la aplicación de la nueva
baremación. La petición les fue denegada.
«Con esta prórroga se evitaría que los padres que han
matriculado a sus hijos en este centro y están pagando una suma
importante no vean truncados sus planes de ofrecerles un proyecto
educativo muy concreto, por no hablar del perjuicio a los pequeños
que deberán romper los lazos afectivos creados», afirmó Pep Miquel
Martínez, presidente de la Associació de Pares i Mares d'Alumnes
(APIMA) del centro.
El Col·legi Pius XII se ha distinguido por la implantación de un
proyecto formativo propio, caracterizado, principalmente, por una
voluntad absoluta de avance en materia de normalización lingüística
(la enseñanza es en catalán), «con lo que los padres que acuden a
él lo hacen con conocimiento de causa», recordó. En total, hay unos
70 niños afectados, 40 de ellos del curso de dos años y unos 30 de
un año de edad.
Desde la Conselleria d'Educació se argumentó que el decreto
estatal establece que este punto no podía ser discriminatorio «y lo
era siempre, en este caso para los padres que no pueden pagar la
guardería privada, por lo que se ha eliminado». Pero los padres,
que no se oponen al decreto en sí, sino a su aplicación, piensan
que «la Conselleria tiene capacidad para velar porque la aplicación
de este punto de calidad no se haga de forma discriminatoria». Si
no se atiende su petición, los padres podrían decidir presentar
recursos.
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