El Govern no aceptará cualquier exigencia de Unió Mallorquina y
asume la posibilidad de quedar en minoría durante el año y medio
que queda de legislatura, según señalaron ayer fuentes del
Ejecutivo. Los representantes del Pacte de Progrés están dispuestos
a negociar todo lo que sea necesario para reconducir la crítica
situación que se ha creado con Unió Mallorquina. Sin embargo, esta
negociación no significa que el Govern está dispuesto a aceptar
cualquier propuesta. Las mismas fuentes aseguraron que el
mantenimiento del Pacte no pasa por una situación «de abuso» o de
«indignidad» hacia el Ejecutivo por parte de UM, por mucho que se
encuentre en una situación «de privilegio», según las mismas
fuentes. Es decir que el Govern no aceptará posturas maximalistas,
como puede ser la exigencia de una retirada de la moratoria. En
cualquier caso, la disposición al diálogo debe centrarse en el
contenido de la norma cautelar y los órganos que deben aplicarla.
En el Ejecutivo balear insisten en que su objetivo es seguir
negociando, si bien no a cualquier precio. También creen que, si
Unió Mallorquina quiere romper el Pacte, debe asumir las
consecuencias futuras que puede reportarle esta decisión. Hasta que
no comience la negociación con UM, los representantes del Ejecutivo
quieren seguir dando la sensación de normalidad y de trabajo, de
ahí la intensa agenda que ha mantenido el president del Govern
durante esta semana. Tras la reunión del Consell de Govern, el
vicepresident del Ejecutivo, Pere Sampol, recordó que Unió
Mallorquina tan sólo tiene dos opciones entre las que elegir: el
modelo del Pacte o el modelo territorial y lingüístico del PP. Como
representantes del PSM, Sampol descartó que los miembros de esta
formación política apoyen un informe del Consell que censure la
moratoria del Govern.
En cualquier caso, para el representante nacionalista, en estos
momentos no existen «elementos objetivos de desestabilización». El
vicepresident del Govern señaló que el Ejecutivo no puede retirar
una moratoria que se aprobó para evitar una avalancha de proyectos
urbanísticos ante el anuncio de la inminente reforma de las
Directrices de Ordenación del Territorio. «No se puede iniciar un
debate urbanístico sin aprobar antes unas medidas cautelares para
que no se provoque un alud de peticiones de licencias», explicó el
vicepresident. En esta línea, Sampol recordó que el Govern está
perfectamente legitimado para acometer las iniciativas legislativas
que estime oportunas.
En la fase de tramitación de la reforma de las Directrices, el
vicepresident señaló que se pedirá la opinión de todo el mundo y
apuntó que se abrirá la fase previa de audiencia a los
ayuntamientos, que todavía no ha dado comienzo. A pesar de que Unió
Mallorquina asegura que la reforma de las Directrices de Ordenación
del Territorio no era necesaria porque se realizó a principios de
legislatura, el vicepresident del Govern aseguró que las situación
es «muy cambiante». Reconoció que el Govern ya ha actuado para
contener el suelo rústico y para suprimir nuevos espacios
urbanizables, pero destacó que, a pesar de estas actuaciones, la
construcción ha seguido en aumento durante estos años.
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