El conseller de Treball i Formació, Eberhard Grosske, aseguró ayer
que muchas empresas de Balears irían a la quiebra si los
inmigrantes que residen en las Islas regresasen a sus países. «Si
las personas que están cubriendo puestos de trabajo y en situación
irregular mañana se fueran muchas empresas quebrarían», planteó
Grosske tras la reunión de la Mesa de Diàleg Social, donde se
analizó la situación de la inmigración en Balears. El titular de
Treball, en contra de la tesis defendida por Maria Antònia Munar
durante las últimas semanas, está convencido de que «la agricultura
no puede funcionar sin mano de obra inmigrada».
La Mesa de Diàleg considera que la inmigración es un fenómeno
social «muy delicado y complejo que debe ser tratado con mucho
cuidado y rigor por parte de todos: partidos políticos,
organizaciones sociales y medios de comunicación». En el documento
se aclara que los inmigrantes extracomunitarios son «una parte
minoritaria de la inmigración actualmente existente en Balears» y
que la regulación de este segmento migratorio «es competencia
exclusiva del Estado».
Según Grosske, el problema de Balears «no radica en el hecho de
que exista más inmigrantes extracomunitarios de los que puede
absorber nuestro mercado de trabajo sino en la necesidad de
establecer una concordancia entre estos flujos y las necesidades
objetivas del mercado de trabajo». «No podemos rechazar a quienes
nosotros mismos hemos llamado para que nos ayuden a alcanzar los
estándares de riqueza que tenemos y culpabilizarlos de nuestra
falta de recursos», reiteró Grosske al concluir la reunión de la
Mesa de Diàleg, que está formada por instituciones, sindicatos y
patronales.
Además, la Mesa de Diàleg quiere establecer canales directos
entre organizaciones empresariales, organizaciones sindicales, el
servicio público de ocupación y Delegación del Gobierno para que
los trabajadores extranjeros puedan acceder al permiso de trabajo y
residencia de manera rápida y que los puestos de trabajo existentes
puedan cubrirse de forma normalizada. Por último, la Mesa considera
que es obligación de las administraciones públicas contribuir a la
integración armónica de trabajadores inmigrantes desde el punto de
vista social.
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