El presidente del Govern, Francesc Antich, consideró ayer que la
negativa a declarar como servicio público los vuelos interinsulares
es una «muy mala noticia para Balears», y opinó que «no es propio
de un proyecto justo para España que no se tengan en cuenta las
singularidades de ciertas comunidades autónomas». El Gobierno
central ha informado al Defensor del Pueblo que no se concederá
esta declaración, que también incluye a los vuelos que se realizan
entre Baleares y la Península. Esta singularidad, consideró Antich,
«implica esfuerzos del Estado para que los ciudadanos de las
distintas CCAA tengan igualdad de oportunidades». Según Antich, «lo
justo y lo necesario para Balears es que el transporte aéreo no se
deje pura y simplemente a lo que pueda pasar a nivel empresarial».
Sobre este mismo asunto, la delegada del Gobierno en Baleares,
Catalina Cirer, manifestó que desconoce las razones esgrimidas por
el Gobierno central -que aún no han sido hechas públicas" pero
intuyó que responden a unos «argumentos de peso y lógicos» en
referencia a una visión global del Estado. La delegada del Gobierno
también sostuvo que la «realidad insular» de Canarias y de Baleares
«es la misma», aunque en este último caso el territorio está más
próximo a la península, por lo que «tendremos que luchar para que
se nos reconozcan una serie de derechos», pero «no desde la
confrontación, sino buscando puntos de conexión».
Por otra parte, el conseller d'Obres Públiques, Francesc
Quetglas, criticó ayer duramente la actitud del Gobierno central.
Quetglas afirmó que tras el 11 de septiembre y por cómo están
evolucionando los acontecimientos en las compañías aéreas,
«consideramos que las amenazas realizadas por las compañías de
ajustar vuelos y frecuencias en las rutas comienza a ser una
realidad, de ahí que es necesaria la declaración de servicio
público».
Afirmó, acompañado del director general de Transports, Joaquín
Rodríguez, que con su negativa, el Gobierno está «incumpliendo la
legislación estatal y de la UE. Lamentamos la discriminación que
supone que Balears no disponga de esta declaración de servicio
público frente a las Islas Canarias, comunidad autónoma que la
logró en julio de 1998». Reconoció que el Govern desconoce el
informe remitido por el Ministerio de Fomento al Defensor del
Pueblo, al tiempo que se refirió a que su departamento estudiará
las posibilidades de presentar un recurso jurídico para lograr el
objetivo del Ejecutivo autonómico. Para dilucidar la estrategia que
van a adoptar las compañías aéreas respecto a las rutas con
Balears, Rodríguez anunció que la próxima semana «nos reuniremos
con los responsables de las compañías aéreas que operan en las
Islas».
El portavoz del grupo parlamentario popular, José María González
Ortea, también se pronunció ayer sobre esta cuestión. «Pensamos que
no hay una situación de crisis y mientras haya compañías que operen
en competencia en las rutas interislas y con la Península, es
ilógico que se utilice la figura del servicio público. Es mejor la
libre competencia que el régimen en monopolio que propicia la
declaración de servicio público». «En caso de que las compañías
reduzcan frecuencias y rutas, lógicamente el PP de Balears apoyará
al Govern para que el Gobierno central declare servicio público el
tráfico aéreo en las Islas».
Francesc Quetglas: «Madrid discrimina a los ciudadanos
de Balears frente a Canarias»
El conseller d'Obres Públiques, Habitatge i Transports, Francesc
Quetglas, indicaba ayer en el acto informativo que el Gobierno está
«incumpliendo la legislación estatal y de la UE, de ahí que
lamentamos la discriminación que supone que Balears no disponga de
esta declaración de servicio público frente a las Islas Canarias,
comunidad autónoma que la logró en julio de 1998». Añadió que
mientras Canarias puede garantizar la atención del servicio aéreo a
sus ciudadanos, «los ciudadanos de Balears son discriminados por el
Ejecutivo de José María Aznar, a pesar de que se encuentran en las
mismas circunstancias que los ciudadanos de Canarias».
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