El Govern y Unió Mallorquina han llegado esta semana a un acuerdo
sobre el modelo de financiación de los consells para los próximos
cinco años y que supondrá que, por primera vez en la historia de la
Comunitat, las instituciones insulares dispondrán de una ley que
regule con diversas variantes los ingresos que recibirán cada una
de ellas. El Govern tiene prisa por aprobar esta ley cuanto antes,
así que no se descarta que el texto se presente en un próximo
Consell de Govern para que esté en vigor el año que viene. El nuevo
modelo parte de la financiación que recibieron los consells en el
año 2000 y no incorpora una mejora en las condiciones económicas.
Pese a ello, el partido que preside Maria Antònia Munar ha aceptado
el modelo ya que elimina la arbitrariedad del Govern a la hora de
repartir sus ayudas entre los consells.
El responsable de las finanzas del Consell de Mallorca, Miquel
Àngel Flaquer, consideró que es positivo que se fije por ley el
sistema de financiación de las instituciones insulares, si bien
reconoció que al Consell le habría gustado que el Govern presentase
algún tipo de mejora económica. «Hemos optado por no bloquear una
ley de suma trascendencia», señaló Flaquer. El nuevo modelo parte
de una complicada formulación matemática en la que se combinan una
serie de variables que dan como resultado la cantidad de dinero que
corresponde a cada una de las instituciones insulares. Entre las
variables se encuentra la población, el territorio y el déficit de
servicios de cada una de las Islas. Este nuevo modelo crea dos
fondos diferentes. El primero de ellos ha sido bautizado con el
nombre de Fondo Insular de Financiación de Servicios. En aplicación
de este fondo, Mallorca recibirá 2.613 millones de pesetas, Menorca
recibirá 1.200 millones y Eivissa-Formentera, 1.341 millones de
pesetas.
A este fondo de nueva creación se añade otro, el Fondo de
Compensación Interinsular. Mallorca recibirá 1.248 millones con
este fondo, Menorca obtendrá 286 millones de pesetas y Eivissa
logrará 298 millones. El Govern aportará, en consecuencia, 6.986
millones con ambos fondos. Este nuevo modelo eliminará parte de las
deficiencias financieras de los consells debidas en parte a la
deficiente financiación con la que se traspasaron algunas de las
competencias que tienen las instituciones. De hecho, a principios
de legislatura el Govern se vio obligado a realizar un
reconocimiento de déficit histórico de financiación, que sumó 2.370
millones de pesetas. Hasta entonces, el Consell tenía que poner
dinero de su bolsillo para cubrir los déficit de financiación.
Una de las correcciones que ha conseguido introducir UM en el
modelo es que éste incluya una regla de progresión que establece
una media anual de revisión que no se basa tan sólo en el IPC sino
que además tiene en cuenta el crecimiento del Producto Interior
Bruto. Esta regla resultará beneficiosa para la financiación de los
consells. Otra de las propuestas introducidas por UM es que la
variable de la población se revise cada tres años y no cada cinco,
con el fin de adaptar la financiación a los posibles crecimientos
demográficos de las Islas.
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