El Gobierno de Madrid acaba de rechazar la idea de declarar de
interés público las comunicaciones aéreas entre las Islas y entre
Balears y la Península, algo que sí disfruta Canarias. La noticia,
claro, ha caído como un jarro de agua fría en el Consolat de Mar,
donde consideran que «no es propio de un proyecto justo para España
que no se tengan en cuenta las singularidades de ciertas
comunidades autónomas». La reacción del Govern es lógica, razonable
y correcta, pero al parecer poco se puede hacer para cambiar las
cosas.
La Comunitat Autònoma balear arrastra desde hace décadas la
etiqueta de «rica» y eso, a la hora de la verdad, es un lastre para
el ciudadano de aquí. Cualquiera puede comprender que, en el resto
del país los desplazamientos normales por asuntos familiares,
comerciales, de estudios, sanitarios se hacen con total fluidez, en
coche, autobús, tren o taxi, entre una provincia y otra. Aquí no.
Resulta imposible planificar traslados de urgencia porque
dependemos de lo que las compañías aéreas privadas tengan a bien
programar. El número de plazas en los aviones de horas punta
resulta insuficiente y, a otras horas, quedan demasiadas vacantes.
Ya padecimos últimamente el cambio de reactores por aviones de
hélices, más lentos y con menor capacidad de pasajeros. Ahora se
nos dice que el servicio está correctamente cubierto y que sólo en
caso de que éste fallara se tomarían las medidas oportunas. Lo
cierto es que los últimos acontecimientos internacionales han
provocado una crisis sin precedentes en el ámbito aeronáutico y
quizá acabe afectándonos a todos. Esperemos que no se llegue a esos
extremos pero, de ser así, hay que exigir una intervención
inmediata por parte del Estado para que la calidad de vida del
ciudadano balear no se resienta.
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