La nueva Ley de Universidades, aprobada esta semana por el Congreso
y que ahora pasará al Senado para su discusión, ha enfrentado al
Gobierno central con casi todas las comunidades autónomas y
rectores de universidades españolas. Las posturas resultan
irreconciliables en muchos de sus artículos, pero ante todo, desde
el Govern balear, y lo mismo desde la UIB, se critica la forma en
que la ley ha sido elaborada y tramitada. Martí March, director
general d'Universitat de la Conselleria d'Educació, reconoció a
este diario que «lo que nos preocupa, ante todo, es que la ley haya
sido aprobada sin consenso y sin un debate serio en el Congreso».
«El consenso no se ha logrado y creemos que ya es imposible que
exista un pacto real para llevar a cabo una auténtica reforma que
tenga duración en el tiempo», afirmó.
Esta ley, que podría entrar en vigor en diciembre, «no da más
autogobierno, como defiende CiU, sino que impone muchas más
obligaciones a las comunidades, las cuales no se acompañan de
ningún tipo de modelo de financiación para que las autonomías
puedan cumplir con sus obligaciones, con lo que vamos a tener que
financiar una reforma con la que no estamos de acuerdo, en la que
no hemos participado y que nos da muchas más obligaciones»,
lamentó.
Por contra, desde el Partido Popular, se considera que el nuevo
marco legal resulta imprescindible para el fomento de la calidad en
la enseñanza de todas las universidades españolas. Fernando Rubio,
secretario de Educación y Universidad de Nuevas Generaciones del
PP, aseguró que «ésta es la verdadera revolución de la reforma. Y
es que ahora tenemos unas universidades desiguales, en cuanto a
prestigio y exigencia de calidad, mientras que con esta ley se
pretende que, sin violar la autonomía de cada centro, el Estado
pueda, de forma subsidiaria, controlar y supervisar el nivel de
calidad». Rubio negó que la reforma haya sido aprobada aplicando el
rodillo del Gobierno, «puesto que ha contado con el apoyo de CiU y
de Coalición Canaria», ni que se desoyera la voz de las
comunidades, «porque la ministra de Educación se ha reunido con
absolutamente todos los partidos políticos, los rectores y los
responsables de las comunidades».
Volviendo al Govern balear, March condenó que «muchos aspectos
de la ley son aún una incógnita, pues dependerán del desarrollo
futuro de su articulado», como en lo referido al acceso a la
universidad, la contratación de profesores o el sistema de becas.
Además, de los aspectos que al Ejecutivo autonómico más le
preocupaban del texto original apenas ha cambiado nada, según Martí
March. Este criticó, también, la introducción a última hora de la
obligación de que las universidades se adapten en el futuro al
sistema de créditos europeo. «Nos parece obvio. Su no inclusión en
el texto original era un fallo impresentable del Ministerio, pues
si uno de los objetivos de la ley era la convergencia europea no
era lógico olvidarse de esta cuestión».
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