Mónica González04/11/01 0:00
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La nueva Ley de Universidades, aprobada esta semana por el Congreso y que ahora pasará al Senado para su discusión, ha enfrentado al Gobierno central con casi todas las comunidades autónomas y rectores de universidades españolas. Las posturas resultan irreconciliables en muchos de sus artículos, pero ante todo, desde el Govern balear, y lo mismo desde la UIB, se critica la forma en que la ley ha sido elaborada y tramitada. Martí March, director general d'Universitat de la Conselleria d'Educació, reconoció a este diario que «lo que nos preocupa, ante todo, es que la ley haya sido aprobada sin consenso y sin un debate serio en el Congreso». «El consenso no se ha logrado y creemos que ya es imposible que exista un pacto real para llevar a cabo una auténtica reforma que tenga duración en el tiempo», afirmó.

Esta ley, que podría entrar en vigor en diciembre, «no da más autogobierno, como defiende CiU, sino que impone muchas más obligaciones a las comunidades, las cuales no se acompañan de ningún tipo de modelo de financiación para que las autonomías puedan cumplir con sus obligaciones, con lo que vamos a tener que financiar una reforma con la que no estamos de acuerdo, en la que no hemos participado y que nos da muchas más obligaciones», lamentó.

Por contra, desde el Partido Popular, se considera que el nuevo marco legal resulta imprescindible para el fomento de la calidad en la enseñanza de todas las universidades españolas. Fernando Rubio, secretario de Educación y Universidad de Nuevas Generaciones del PP, aseguró que «ésta es la verdadera revolución de la reforma. Y es que ahora tenemos unas universidades desiguales, en cuanto a prestigio y exigencia de calidad, mientras que con esta ley se pretende que, sin violar la autonomía de cada centro, el Estado pueda, de forma subsidiaria, controlar y supervisar el nivel de calidad». Rubio negó que la reforma haya sido aprobada aplicando el rodillo del Gobierno, «puesto que ha contado con el apoyo de CiU y de Coalición Canaria», ni que se desoyera la voz de las comunidades, «porque la ministra de Educación se ha reunido con absolutamente todos los partidos políticos, los rectores y los responsables de las comunidades».

Volviendo al Govern balear, March condenó que «muchos aspectos de la ley son aún una incógnita, pues dependerán del desarrollo futuro de su articulado», como en lo referido al acceso a la universidad, la contratación de profesores o el sistema de becas. Además, de los aspectos que al Ejecutivo autonómico más le preocupaban del texto original apenas ha cambiado nada, según Martí March. Este criticó, también, la introducción a última hora de la obligación de que las universidades se adapten en el futuro al sistema de créditos europeo. «Nos parece obvio. Su no inclusión en el texto original era un fallo impresentable del Ministerio, pues si uno de los objetivos de la ley era la convergencia europea no era lógico olvidarse de esta cuestión».