P. Candia21/11/01 0:00
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El juez instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, ha dictado un auto en el que cita como imputado al ex gerente del Instituto Balear de Promoción Industrial (Ibdi), Salvador Fortuny, y en calidad de testigos a Belén Perera y Sebastià Vallori, protagonistas en el «caso Bitel», que declararán el 26 de noviembre, y Juan Sastre, que lo hará el 28 de noviembre. Fortuny, que prestará declaración el martes 27 de noviembre a las 10.00 de la mañana, ya había comparecido ante el juez de Eivissa, pero ha sido citado de nuevo «para aclarar algunas contradicciones sobre el contrato de Maria Pau Segura», según confirmaron fuentes próximas a la causa. El magistrado Monserrat, asimismo, ha solicitado unas documentales al Govern que preside Francesc Antich en relación al criterio seguido en los viajes a las sedes sudamericanas de las Casas de Balears, cómo se elige a las personas que representan al Ejecutivo, o cómo se organizan los desplazamientos.

Ayer, y en ese mismo contexto, declaró en calidad de testigo el director general de relaciones externas del Govern, Antoni Reinés, quien explicó que le habían preguntado por los certificados de partidas de nacimiento y su registro. Dijo que el actual Ejecutivo desarrolla la política «que toca», en relación a las Casas de Balears en el extranjero, «pero sin ir a buscar otros objetivos», precisó, haciendo alusión a la supuesta campaña de captación de votos que, al parecer, presuntamente promovió el anterior Ejecutivo del PP. «Me preguntaron si me constaba que se hubiese enviado material electoral a las Casas de Balears y les respondí que soy director general desde diciembre de 2000 y que no puedo hacer suposiciones sobre lo que hizo o dejó de hacer mi predecesor», indicó.

Ayer, asimismo, prestaron declaración como testigos la periodista Cristina Brotons y la funcionaria de Joventut Victoria Perelló. Por otra parte, la acusación particular anunció que había ampliado de dos a cuatro los supuestos delitos por los que acusará al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y a la diputada del PP, Rosa Estaràs, ante el Tribunal Supremo. A los supuestos delitos de fraude electoral y malversación de fondos públicos, la acusación particular añadirá los de falsedad y asociación ilícita para delinquir, dijo la abogada Ascensión Joaniquet.