El Govern ha alegado ante el Tribunal Constitucional que la
suspensión indefinida de la Llei de Comerç supondría «un perjuicio
irreparable» para Balears ante la masiva construcción y apertura de
establecimientos comerciales «con unas superficies que
distorsionarán el tejido local de los pequeños comerciantes». Éste
es uno de los argumentos que defiende el Ejecutivo balear en los 70
folios que ha remitido al Tribunal Constitucional ante la
suspensión cautelar de la Llei de Comerç tras el recurso presentado
por el Gobierno central.
El Govern defiende cada uno de los cinco artículos recurridos
por Madrid, aunque pone especial énfasis jurídico en validar el
artículo 14.1, que es el que regula la instalación de grandes
superficies. Los juristas del Govern entienden que el levantamiento
de la suspensión «no producirá perjuicio irreparable alguno ya que
pueden construirse y obtenerse la apertura de establecimientos
comerciales dentro de los márgenes de superficie autorizados y los,
presumiblemente, escasos intereses afectados que se vieran
imposibilitados de hacerlo, por precisar mayor superficie, serían
siempre indemnizables». El Ejecutivo reitera que, en caso de
levantar la suspensión, los afectados serían «poco numerosos y
perfectamente indentificables».
En relación al artículo suspendido sobre la regulación de los
horarios comerciales, el Govern también argumenta que dicha medida
autonómica «minimiza o excluye que pueda afectar a la unidad del
mercado nacional, en tanto la fragmentación geográfica evita el
reflejo sobre los mercados próximos y fronterizos». En las
alegaciones presentadas por el Ejecutivo a través del letrado Pere
Aguiló se insiste en que la Llei de Comerç se enmarca en las
competencias de comercio interior que están previstas en el Estatut
d'Autonomia.
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