La Plataforma Agrícola de Mallorca realizó ayer en Inca un acto de
apoyo a las empresas hortofrutícolas que han sido multadas con
fuertes sanciones por haber acogido mano de obra de inmigrantes sin
papeles. En el acto, que contó con la participación de alrededor de
un centenar de personas, se puso de manifiesto «la desesperanza
total y sentimiento de frustración que vive el sector agrícola en
estos momentos».
La Plataforma, que agrupa a cooperativas de payeses y empresas
agrarias, reclama a Delegación de Gobierno la retirada de las
sanciones impuestas a tres negocios hortofrutícolas de la Isla y
que suponen multas de hasta 30 millones para la empresa Can Vicens
S.L de Inca.
En un manifiesto hecho público ayer, los payeses destacan que
«pedimos que las sanciones sean retiradas ya que en ningún momento
hubo predisposición a incumplir la ley, sino de sacar adelante la
campaña y a las empresas».
Además, los miembros de la plataforma defienden que han
demostrado que existe una payesía en Mallorca con unas personas
dinámicas que quieren hacer rentable el campo.
En este sentido, el gerente de Fruitabona, Joan Moll, manifestó
que «tal y como se ha dado a entender en algunas ocasiones
últimamente debemos tener claro que los payeses no son ni unos
mafiosos ni unos explotadores».
Los payeses consideran que son necesarios en la economía de la
Isla y que no se les pueden poner trabas para mantener su
actividad.
Joan Moll explicó que la delegada de Gobierno, Catalina Cirer, les
había comunicado por la mañana que «no existen precedentes en
España de una delegada que haya dejado sin efecto una sanción
impuesta por el Gobierno y que, en estos momentos, no podía hacer
nada».
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