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La puesta en libertad bajo una ridícula fianza de cinco millones de pesetas de un narcotraficante que, en cuanto ha puesto un pie en la calle ha huido, ha desatado una lógica polémica en todo el país. En demasiadas ocasiones las decisiones de los jueces nos parecen, a los ciudadanos de a pie, descabelladas, sobre todo cuando afectan a la seguridad del resto de las personas. Pero este caso en particular reúne una serie de condiciones que lo convierten en insólito: sólo faltaban 23 días para el juicio, dos de los jueces ni siquiera leyeron los informes y el fiscal había advertido del enorme riesgo de fuga si la decisión se tomaba.

Y, en efecto, se tomó. Hoy hay un delincuente más en la calle y una constatación clara de que el sistema judicial no funciona o lo hace mal. El Consejo General del Poder Judicial se limita a enviar el asunto a la Fiscalía General del Estado para que establezca si existen indicios de delito de prevaricación, una acusación, en este caso, prácticamente imposible de demostrar, y remitir el expediente a la Comisión Disciplinaria del propio Consejo. Lo que está claro, y no hace falta ninguna investigación, es que existe una flagrante dejadez en el oficio de unos profesionales que juegan con la seguridad de las personas y con la justicia de todo un país. Quizá eso no sea constitutivo de delito, pero sí es cuestión que deben afrontar las autoridades políticas con la máxima seriedad, pues aquel famoso pacto PP-PSOE para mejorar el sistema judicial parece estar teniendo poco efecto. Hay que estudiar con detenimiento el comportamiento de estos jueces "que ya tienen en su currículum el haber liberado a los miembros de Ekin que el juez Garzón había ordenado encarcelar" y promover actuaciones ejemplarizantes que tranquilicen y devuelvan la confianza en la justicia.