El Govern reconoció ayer que tiene dificultades para entregar la
ayuda económica a los descendientes de emigrantes de Balears que
residen en Argentina. La situación económica del país sudamericano,
y especialmente las trabas para sacar dinero de los bancos
argentinos, obligará al Govern a entregar individualmente a los
emigrantes la ayuda económica que, en principio, debía repartir las
casas de Balears en Argentina. «Estos problemas van a retrasar la
entrega de la ayuda a los emigrantes», explicó Garcías tras el
Consell de Govern.
El Ejecutivo aprobó hace unos días una ayuda extraordinaria de
diez millones de pesetas para los emigrantes de Balears que residen
en Argentina "así como a sus descendientes" para paliar los
problemas económicos que padecen desde hace varios meses. Asimismo,
el conseller Antoni Garcías expresó ayer la intención del Govern de
facilitar los trámites burocráticos a todos aquellos argentinos que
quieran venir a Balears. El portavoz del Ejecutivo también comentó
que existe una petición de las casas de Balears del exterior para
modificar el Código Civil español con el fin de que los
descendientes de españoles no pierdan la nacionalidad si la
ascendencia procede por parte de madre, lo que no ocurre en el caso
del padre.
La legislación española es muy similar a la germana, según
Garcías, quien recordó que el Govern ha remitido escritos al
Ministerio de Justicia para que reforme el Código Civil porque
«éste es uno de los problemas graves, por lo que se debe cambiar la
norma». Antoni Garcías dijo que la Conselleria de Presidència actúa
como «un consulado» para intentar ayudar a los emigrantes.
Al margen de este asunto, el Consell de Govern aprobó ayer una
subvención de 681.000 euros para el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació. Esta aportación, que incrementa en 20.000 euros la
cantidad dada el año pasado, servirá para que el Fons pueda hacer
frente a los gastos derivados de su funcionamiento durante el año
2002.
Además, el Consell de Govern aprobó el proyecto de ley de
subvenciones, texto que establece el régimen jurídico de estas
ayudas en el ámbito de la Comunitat Autònoma y que será de
aplicación por el Govern y los entes públicos dependientes: los
consells insulars cuando ejerzan competencias atribuidas por la
Comunitat Autónoma y los consorcios cuando la financiación la haya
aportado mayoritariamente el Govern. Para ello se creará un
registro público de subvenciones, y se publicarán en el BOIB todas
las subvenciones individuales con una cuantía igual o superior a
los 6.000 euros.
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