La inscripción de españoles residentes en los consulados españoles
de las ciudades argentinas de Rosario y Santa Fe en el Censo de
Electores Residentes Ausentes (CERA) siguió todos los cauces
reglamentarios pertinentes. Se solicitó, en cada caso, pruebas del
arraigo o naturaleza del solicitante en relación al lugar donde
deseaba inscribirse. Así se expresan, en la documental requerida a
través del Ministerio de Asuntos Exteriores por el magistrado
instructor del «caso Formentera», Antoni Monserrat, el cónsul de
España en Rosario, Nicolás Martín Cinto, y el vicecónsul honorario
en Santa Fe, Ronald de Hoyos.
Esta es la primera documental solicitada por el juez que ya obra
en autos, a la espera de recibir la declaración testifical de la
presidenta de la Casa Balear en Santa Fe, Paulina Riera Kunte, y
también de Inés Saprizia. Riera Kunte tenía unas relaciones muy
fluidas con el Govern presidido por Jaume Matas y del centro balear
de Santa Fe provinieron la mayoría de las inscripciones
supuestamente irregulares en el censo.
El magistrado instructor también espera la respuesta del Govern
a los informes sobre la denominada «Operación Añoranza», en base a
la cual cada año viajaban a Balears un grupo de emigrantes en un
programa financiado por Presidència. Por ahora, el juez sigue
desarrollando la instrucción del «caso Formentera» y en los
próximos días, las partes solicitarán nuevas diligencias y
declaraciones. El magistrado y las partes están pendientes de la
decisión que adopte la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre si
admite, o no, la querella criminal presentada por el PSIB-PSOE y EU
en contra del ministro de Medio Ambiente y ex president del Govern,
Jaume Matas, la diputada nacional del PP Rosa Estarás y otras doce
personas más.
Los supuestos delitos a los que se enfrentan los querellados son
fraude electoral, malversación de caudales públicos, falsedad y
asociación ilícita. El fiscal del Tribunal Supremo, José María
Luzón, elevó un escrito oponiéndose a que la Sala admita a trámite
la querella, al considerar que no se ha demostrado la existencia de
la comisión de delito alguno, pero los fiscales de Baleares, en
decisión adoptada en junta, respaldan un escrito solicitando que el
«caso Formentera» pase a ser competencia del Tribunal Supremo.
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