El Gobierno recurre al Constitucional la moratoria de grandes superficies

El recurso del Gobierno llega en un momento especialmente delicado ya que el pasado 20 de enero finalizó la moratoria de grandes superficies que aprobó el Govern del PP hace cinco años. El pasado mes de diciembre el Govern y el PP pactaron una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos en la que se prorrogaba esta moratoria hasta la aprobación del plan de equipamientos comerciales. Si el Constitucional acepta dejar en suspenso la norma, tal y como pide el abogado del Estado, la consecuencia más inmediata sería la aparición de una veintena de proyectos de grandes superficies comerciales que ahora están latentes.

El vicepresident del Govern, Pere Sampol, convocó ayer de forma urgente a los medios de comunicación tras conocer a través del propio Tribunal Constitucional la presentación del recurso. Sampol denunció la persecución política del Gobierno hacia Balears y aseguró que, con decisiones como ésta, pone en peligro un sector estratégico para Balears que concentra el mayor número de asalariados. Sampol acusó al PP de haber incumplido al acuerdo que llegaron en diciembre e insistió en que el Govern retiró su propuesta para dar apoyo a la del PP al obtener la garantía de que el Gobierno no presentaría un recurso de inconstitucionalidad en contra de este acuerdo. «Cardona afirmó reiteradamente que la propuesta tenía el apoyo de Madrid», señaló Sampol.

El vicepresident del Govern emplazó al PP a que retire el recurso antes de que se agoten los cinco días de plazo que tienen los servicios jurídicos para presentar alegaciones. «Se trata de un tema de caldo político muy importante que puede tener graves consecuencias para la economía de Balears», señaló Sampol. En cualquier caso, los servicios jurídicos del Govern ya se han puesto a trabajar en el pliego de alegaciones ya que incluso se considera que el recurso, en todo caso, debe presentarlo el Consejo de Ministros y no el abogado del Estado. También argumentan que no se trata de una ampliación de la moratoria anterior, sino que es una nueva ley aprobada por el Parlamento balear. Debido a ello, consideran que el Gobierno debería presentar un nuevo recurso y no la ampliación del anterior. «Es una ley nueva que además establece una serie de medidas cautelares, cosa distinta a lo que fijaba la ley», dijo Sampol.

El PP balear no está de acuerdo
El coordinador del PP balear, Josep Juan Cardona, aseguró ayer que el partido no está de acuerdo con la presentación de este recurso y aseguró que intentarán que el Gobierno reconsidere su decisión. Cardona señaló que el informe presentado por el abogado al Constitucional omite que la prohibición de nuevas grandes superficies es una medida cautelar y transitoria hasta la aprobación del plan de equipamientos comerciales. Por ello existe una diferencia sustancia con la Ley de Comercio, donde la suspensión no era temporal. La vinculación de la moratoria a la redacción del plan de equipamientos comerciales hace además que se trata de una medida relacionada con la ordenación del territorio y no económica. El coordinador del PP recordó además que la moratoria de cinco años que acaba de finalizar fue aprobada en la época en que él mismo ocupaba la Conselleria de Comerç.