El juez instructor del «caso Formentera» ya ha recibido la petición
para que preste declaración como imputado Miquel Segura, supuesto
autor, junto a su hija Mari Pau, de los informes investigados en el
juzgado de instrucción de Eivissa y, posteriormente, en el Tribunal
Superior de Justicia. Segura será interrogado la próxima semana en
lo que supone la recta final de la causa, una vez conocido el auto
del Tribunal Supremo que rechaza la querella criminal contra Jaume
Matas y Rosa Estaràs presentada por el PSOE y EU. Las partes
personadas consideran «clave» el contenido de la declaración que
prestará Segura, y en base a ellas, el juez adoptará una decisión u
otra.
Miquel Segura ya ha dado su versión de los hechos ante el juez
de Eivissa y la comisión parlamentaria que investigó el supuesto
incremento artificial del censo de Formentera con emigrantes de
Balears en Argentina y Uruguay con el objetivo de que el PP ganase
las elecciones en esa isla en 1999. Ante el fiscal, Segura se
mantuvo en las declaraciones realizadas en la comisión de
investigación del Parlament, según las cuales se trataba de
informes personales que no se entregaron a ningún cargo. También
tuvo que explicar detalladamente las relaciones profesionales que
mantuvo con la ex consellera de Presidència y con el ex president
Jaume Matas. Como su hija, Miquel Segura reconoció el texto de los
documentos pero no el formato, los encabezamientos o el papel.
Por otra parte, las reacciones al auto del Supremo, cuyo
contenido puede hacerse público hoy, continuaron ayer en la clase
política. La presidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia
Munar, consideró «obvia» la decisión del Supremo de inadmitir la
querella al estar abierto un procedimiento penal en el TSJB. Munar
aseguró: «Muchos sabíamos, desde un punto de vista estrictamente
jurídico, que esto iba a ocurrir, pero no nos pronunciamos para
evitar malas interpretaciones».
«Hay que ir con cuidado a la hora de llevar un tema a los
tribunales y, si finalmente se toma esa decisión, hay que hacerlo
bien», añadió Munar, a cuyo juicio el Supremo ha hecho lo que cabía
esperar al dejar el caso en manos del magistrado que lo instruye en
el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB), Antoni
Montserrat. Según Munar, cuando un asunto está en manos de la
Justicia existe el peligro de que un trámite normal del
procedimiento «se pueda interpretar como algo que no es».
El coordinador general de IU en Balears, Eberhard Grosske, opinó
que el «caso Formentera» ya debería haber provocado la dimisión
política de las personas implicadas, «independientemente» del
dictamen final que establezca la Justicia y de las penas que se
puedan derivar de este asunto. Grosske mantuvo que ciudadanos y
políticos deben realizar un «juicio político» sobre el «caso
Formentera» y, a estas alturas, «está claro para cualquier persona
con una visión objetiva sabe que hubo un comportamiento moralmente
muy reprobable y una utilización indebida de las instituciones con
fines partidistas».
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