Las declaraciones del presidente de la Comisión Permanente del
Pacto de Toledo, Fernando Fernández de Trocóniz, del Partido
Popular, en el sentido de que la mujer debía percibir una cantidad
menor en su jubilación porque vive más años ha suscitado una enorme
polémica y con razón, a pesar de que el secretario general de su
partido, Javier Arenas, tuvo que quitar hierro al asunto asegurando
que las manifestaciones se habían efectuado en clave de humor, pero
que ni aún así eran admisibles. Arenas destacó, además, el
desacuerdo con dichas manifestaciones.
En primer lugar, no puede ni siquiera pensarse en pasar por alto
un derecho a la igualdad que recoge la misma Constitución. No se
puede plantear en ningún caso una medida discriminatoria por razón
del sexo de una persona. Pero es que además, tampoco pueden
contemplarse las pensiones de jubilación desde un puro aspecto
economicista, en razón del coste que supondrán en función de la
esperanza de vida. Esto sería dejar al margen aspectos humanos y
sociales de la mayor importancia.
No debemos olvidar que la pensión es un derecho adquirido con el
trabajo de muchos años y que de lo que se trata es de garantizar
que los ciudadanos, una vez que concluyan su tiempo de actividad
laboral, puedan vivir con dignidad.
Es muy grave que un diputado con la responsabilidad de Fernández
de Trocóniz se atreva siquiera a apuntar una postura semejante, por
muy personal que ésta sea. Realmente, la Comisión del Pacto de
Toledo y su presidente, tienen por delante la misión de establecer
mecanismos para garantizar el futuro de las pensiones, pero nunca a
costa de recortar derechos fundamentales. Si no tiene capacidad
para ello, tal vez lo más lógico sería que dejase su cargo a
otros.
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