El vicepresident del Govern tiene en sus manos la posibilidad de
impedir la implantación de nuevas grandes superficies, aunque el
Tribunal Constitucional suspenda la moratoria comercial. La clave
está en el artículo 15 de la ley de comercio que aprobó el
Parlament el pasado año. Algunas de las disposiciones de esta ley
fueron recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Consejo de
Ministros, pero el artículo que permite al vicepresident denegar
licencias sigue vigente ya que no se encuentra entre los que fueron
recurridos por el Gobierno central.
Se trata del artículo 15 de la ley, que determina el
procedimiento de licencia autonómica para los grandes
establecimientos comerciales. El artículo obliga a los promotores
de grandes comercios a solicitar al Govern la licencia autonómica
antes de pedir la licencia municipal. «Para el otorgamiento o la
denegación de la licencia autonómica de gran establecimiento
comercial, el órgano competente ha de ponderar especialmente la
existencia o no de un equipamiento adecuado en el ámbito
territorial afectado por el nuevo establecimiento y los efectos que
éste pueda ejercer sobre la estructura comercial de aquel.
Asimismo, se tendrá en cuenta la incidencia negativa que pueda
generar sobre el pequeño comercio existente», señala el artículo
15.5 de la ley de comercio.
En virtud de este texto, el vicepresident del Govern puede
denegar las licencias a los nuevos establecimientos comerciales si
apela al pretendido perjuicio que la instalación de un gran
comercio podría ocasionar al tejido comercial de la zona. Se da por
hecho que el Ejecutivo hará uso de esta prerrogativa en caso de que
el Tribunal Constitucional concluya que la moratoria debe quedar
suspendida mientras se estudia si es o no inconstitucional. No
obstante, los responsables de Vicepresidència no quisieron comentar
ayer nada al respecto y se limitaron a confirmar la existencia de
este artículo de la ley de comercio.
En una visita oficial realizada ayer a Eivissa, Sampol tan sólo
señaló que, si se levanta la suspensión, el Govern cuenta con otros
caminos para impedir que se abra de momento ninguna nueva
superficie. A ello se debe, posiblemente, la tranquilidad con la
que el Govern ha afrontado la decisión del abogado del Estado de
recurrir la moratoria pactada con el PP. La norma cautelar se
aprobó a través de una enmienda presentada por los populares a la
ley de acompañamientos de los presupuestos. El vicepresident del
Govern, Pere Sampol, accedió a pactar con los populares, por lo que
la enmienda fue aprobada por unanimidad en el pleno del
Parlament.
Acaba el plazo para presentar alegaciones contra el
recurso a la moratoria
El plazo para presentar alegaciones al escrito del abogado del
Estado en el que pide la anulación de la moratoria finaliza hoy,
pero tanto el Govern como el Parlament ya han hecho llegar sus
pliegos de defensa al Tribunal Constitucional. Entre otras
cuestiones, ambas instituciones alegan que el abogado del Estado no
tiene legitimidad para presentar este recurso. También recuerdan
que la Comunitat Autònoma tiene plenas competencias en materia de
ordenación del territorio, por lo que el Parlament estaba facultado
a aprobar una moratoria que frena la implantación de nuevas grandes
superficies hasta la redacción del plan de equipamientos
comerciales. Por último, Govern y Parlament recuerdan al
Constitucional que la moratoria comercial, por estricta definición,
es algo transitorio y no definitivo.
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