Nekane Domblás21/02/02 0:00
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Los partidos del Pacte de Progrés reaccionaron ayer con sorpresa a la decisión del juez de archivar el caso del supuesto espionaje político al correo electrónico de Francesc Quetglas. Tanto el abogado de Quetglas como EU, que está personada en el caso, han anunciado que tienen previsto presentar sendos recursos a la decisión del juez Morell. El diputado del PSOE y abogado del propio Quetglas, Antonio Diéguez, mostró su perplejidad por el hecho de que el juez no haya esperado a conocer el informe del Fiscal General del Estado, ya que fue el propio juez quien pidió este documento, según Diéguez.

Para Diéguez el auto tampoco contiene una explicación satisfactoria de cómo llegó el documento interno del PSOE al directorio de Presidència, de la misma forma que tampoco se da una respuesta a cómo obtuvo Matas el documento que exhibió en el Parlament. «No hay una explicación coherente a todas estas cuestiones», afirma el diputado del PSOE. Para Diéguez, también resulta absurdo que se reconozca que durante dos años se recibiera el correo de Quetglas sin avisar de ello a la empresa Bitel. «Es como si durante dos años oyera al presidente del PP cada vez que descuelgo el teléfono y además me descubren una cinta con una grabación y concluyen que todo es casual», concluyó Diéguez.

El coordinador general de EU, Eberhard Grosske, afirmó que una cosa son las responsabilidad políticas y otra, las penales. En su opinión, la responsabilidad política en el caso del ex president del Govern ha quedado probada «y eso es lo importante». Grosske tampoco ocultó su sorpresa por la decisión del juez, especialmente después de que la Junta de Fiscales solicitara a Jesús Cardenal la declaración de Jaume Matas como imputado en el caso. «El juez, se ha cruzado por la derecha, y ha enviado la pelota fuera sin esperar al informe del fiscal», afirmó Grosske. El coordinador de Esquerra Unida consideró que esta circunstancia puede hacer vulnerable el archivo.

El portavoz del PSM, Antoni Alorda, insistió en que está claro que hubo redireccionamiento y se sorprendió ante la decisión del juez de archivar, a pesar de que 30 fiscales de Balears consideran que hay personas imputadas "en referencia a Matas" que son aforadas. Alorda calificó de «escandaloso» el mensaje que se envía al ciudadano con esta decisión que ha tomado el juez.

El secretario general de Unió Mallorquina, Bartomeu Vicens, prefirió no hacer comentarios a la decisión judicial ya que se mostró convencido de que habrá recurso. «Desde UM no nos pronunciamos sobre estas cuestiones hasta que no sean definitivas», aseguró Vicens.

Tampoco el principal afectado por el supuesto «pinchazo» electrónico, el actual conseller d'Obres Públiques y ex president de la Comissió Insular d'Urbanisme, Francesc Quetglas, quiso hacer comentarios a la decisión del juez y remitió a las declaraciones efectuadas por su abogado, el diputado socialista Antonio Diéguez.