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E l Tribunal Constitucional ha dado la razón al Govern del Pacte de Progrés en su decisión de congelar la instalación de nuevas grandes superficies en las Islas. Una respuesta que ha causado satisfacción incluso a los líderes de la oposición popular, a pesar de que el recurso contra la ley del comercio fue interpuesta por el Gobierno central. Resulta natural la alegría generalizada entre grupos políticos opuestos porque el articulado de la legislación recurrida fue aprobada por la mayoría de partidos en el Parlament, lo que viene a suponer que refleja el sentir de la mayoría de la población. A pesar de ello, tres artículos continuarán en suspensión por decisión del alto tribunal.

Es cierto que la llegada de las grandes superficies ha trastocado drásticamente el mapa comercial de las Islas, provocando el cierre de cientos de pequeños comercios, pero no había forma de impedirlo. Nadie podrá alegar que la instalación de este tipo de comercio ha sido perjudicial o contraria a los intereses de los consumidores, porque cumplen una función necesaria y reclamada por la ciudadanía. Sin embargo, el número de «hipers» que ahora hay establecidos en el Archipiélago ha tocado techo. Todos los partidos están de acuerdo en que no debe haber más macrosuperficies comerciales. De este modo se intenta defender al comercio tradicional, que también debe hacer un esfuerzo de adaptación a los nuevos tiempos. La legislación autonómica tratará de poner orden en un sector amplio y muy cercano al consumidor, de forma que las pequeñas tiendas tengan también la posibilidad de competir en igualdad de condiciones con las grandes distribuidoras. Obstaculizar este proceso de autorregulación no puede conducir más que a prolongar una situación poco deseable para todas las partes.