El Partido Popular de Balears lamentó ayer «el desprecio» hacia la
Justicia de los representantes del Pacte de Progrés tras la
decisión del juez Enrique Morey de archivar el «caso Bitel». El
portavoz de los populares, Joan Flaquer, cuestionó que se hayan
utilizado términos como «escandaloso o incomprensible» para
calificar la decisión judicial. «Esta postura forma parte de la
campaña de desprestigio y difamación orquestada por el Govern de
Antich en contra de Jaume Matas, pero al final la verdad se acabará
imponiendo», dijo Flaquer. El portavoz del PP cree que esta campaña
de despretigio se debe «al nerviosismo del Pacte».
«El vicepresidente del Govern está bajo sospecha por falso
testimonio, la consellera «verde» tiene problemas urbanísticos en
Alaró, la consellera de Sanitat arrastra el conflicto de su
farmacia y el vicepresidente del Parlament Félix Fernández está
imputado por una causa judicial que se instruye en Menorca»,
recordó el portavoz del PP. Por su parte, el coordinador de
Comunicación del PP, Rafael Hernando, indicó ayer que le resulta
«lamentable» que el presidente del Govern balear, Francesc Antich,
siga insistiendo «en el disparate» del «caso Bitel» en vez de
«pedir perdón» al ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas.
Hernando consideró «lamentable que en un momento en el que los
jueces han archivado el caso Bitel, evidenciando sus mentiras y el
montaje del Govern del señor Antich contra el ministro Matas», él
siga insistiendo en ese «disparate» en vez de «pedir perdón» al
ministro y al PP. La Fiscalía de Balears está a la espera de
recibir un escrito de la Fiscalía General del Estado para adoptar
una decisión respecto al llamado «caso Bitel». Fuentes de la
Fiscalía de Balears recordaron ayer que hace algunos días la Junta
de Fiscales de Balears acordó por unanimidad solicitar a Cardenal
autorización para pedir el traslado del caso al Tribunal Supremo, a
fin de que pudiera declarar como imputado el ministro de Medio
Ambiente, Jaume Matas.
Las mismas fuentes indicaron que, si el escrito de Cardenal deja
libertad de actuación a la Fiscalía de Balears, tal y como ha
ocurrido con el «caso Formentera», recurrirán el auto de archivo de
las diligencias.
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