Uno de los aspectos que más llama la atención de los visitantes que llegan a Mallorca, ya sean peninsulares, europeos o extracomunitarios, es la cantidad de vertederos incontrolados o simples montañas de basura en los lados de la carretera que se pueden apreciar. La interpretación habitual ante estos «descubrimientos» suele aludir a la falta de educación ambiental de los isleños, pero esta afirmación, aunque cierta, es incompleta. La proliferación de vertederos incontrolados y puntos contaminados también es achacable a la falta, hasta hace bien poco, de plantas de selección y reciclaje de este tipo de material. Cabe destacar, en este sentido, que desde la Conselleria de Medi Ambient se asegura que la totalidad de vertederos ilegales recoge residuos de construcción ya que los residuos urbanos van, en su totalidad, a las instalaciones de Son Reus para ser incinerados.
Se calcula, según las mismas fuentes, que en Balears se generan 800.000 toneladas de residuos de construcción al año, 700.000 en Mallorca. Si sólo se tratara de «escombro limpio», es decir piedras y tierras, no habría problema ya que no tienen efectos contaminantes y se reutilizan para regenerar canteras. El problema estriba en que estos restos suelen ir acompañados de latas de pintura, plásticos, maderas, cables, lavabos, grifos e incluso colchones, todos ellos contaminantes, y que al transportista le sale gratis dejarlo en un lugar no controlado en vez tener que pagar por dejarlo en una planta de selección autorizada.
Hay que dejar claro que no es lo mismo vertedero incontrolado que vertedero ilegal. Por vertedero incontrolado se entiende aquel emplazamiento en el que ni la gestión, ni la propiedad de los terrenos, ni la procedencia de los vertidos es pública o municipal, es decir, son particulares o empresas. Pueden, por tanto, ser incontrolados y cumplir la normativa, aunque éstos son los menos. Según Nicolau Barceló, director general de Residuos del Govern balear, en Mallorca existen unos 80 puntos de vertido incontrolados. En lo que se refiere a la competencias corresponde a los ayuntamientos la recogida, el transporte y eliminación de los residuos urbanos mientras que las comunidades tendrán que elaborar los planes específicos, autorización, vigilancia y sanción.
Barceló reconoce que la Administración se ha mostrado más eficiente creando y poniendo en marcha proyectos que palíen esta situación que vigilando el cumplimiento de la normativa. De hecho ya ha solicitado al Ejecutivo balear las partidas económicas necesarias para habilitar un servicio de inspectores de vertidos ilegales «de la misma forma que existen inspectores de Trabajo, Consumo, Turismo o Hacienda».
Los escasos medios disponibles para inspección y sanción en la materia se paliarían, según el director general, con «tres o cuatro inspectores y dos abogados». Actualmente la Direcció General recoge unas 20 denuncias sobre vertidos ilegales al mes. Algunas de ellas se trasladan a los ayuntamientos por ser de su competencia, otras se archivan y, el resto, supone la apertura de un expediente sancionador. A finales del pasado año había abiertos seis expedientes sancionadores que pueden derivar en sanciones, según la ley estatal de residuos 10/98, que van desde los 600 euros si la falta es leve hasta los 1'2 millones si es muy grave.
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