El ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, reconoció
ayer en el Consolat de la Mar, tras la firma de la adhesión de
Balears al nuevo sistema de financiación autonómica que supone una
mejora para la Comunidad insular de aproximadamente 120 millones de
euros, que deploraba «la conflictividad habida entre la
Administración central y el Govern en los tres recursos de
inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno contra
iniciativas políticas del Govern». Añadió que cuando su ministerio
interpone un recurso es porque «debo hacerlo, pero la presentación
de los recursos ante el Constitucional (ecotasa, ley de Consells y
la ley de comercio) es para mí un fracaso, porque lo que me
gustaría es que en las conversaciones previas entre los gobiernos
hubiéramos llegado a un acuerdo. Cuando se recurre una medida del
Govern balear lo planteo con tristeza».
Y quiso aclarar que cualquier recurso de inconstitucionalidad
presentado por su ministerio se debe a motivos constitucionales,
«nunca emplearía esta medida para atacar una determinada política
porque para esto existen otras fórmulas». El ministro realizó estas
declaraciones ante la presencia del conseller d'Hisenda, Joan
Mesquida, quien aclaró que «si hubiera un contacto institucional
más fluido, donde pudiéramos comentar iniciativas legislativas, a
lo mejor no existiría esta conflictividad».
La firma del convenio fue realizada por el ministro Posada y por
el conseller de Presidència del Govern, Antoni Garcías. El propio
Posadas declaró que este acto era especialmente trascendente, «se
trata de un paso decisivo en la suficiencia de la financiación, en
la corresponsabilidad fiscal y en una nueva visión de la misma por
cuanto los ciudadanos podrán saber mucho mejor cómo cada
administración recibe sus ingresos y cómo los gasta». Para Posada,
la firma de ayer es la última que suscribe el Gobierno con las
comunidades y para Balears, «es especialmente importante y
beneficiosa porque realiza una adecuación de los valores de su
población y porque, debido al carácter insular de esta comunidad,
percibirá el 16'1 por ciento del total de necesidades a financiar
por esta variable para las competencias comunes asumidas.
Los recursos que proporcionaba el anterior sistema de
financiación han pasado de representar para la Comunitat balear del
30'5 por ciento de sus necesidades de financiación al cien por cien
con el nuevo sistema». De este modo, Balears gestionará con
carácter temporal indefinido tributos como el IRPF, con carácter
parcial y con el límite del 33%; el Impuesto sobre el Patrimonio;
el de Sucesiones y Donaciones; el de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentales; tributos sobre el juego, y parte del
IVA hasta un límite del 35%, entre otros. Mesquida señaló que el
nuevo modelo de financiación supone una mejora desde el pasado 1 de
enero, como una mayor corresponsabilidad fiscal y la participación
en la gestión de más impuestos.
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