P. Candia21/03/02 0:00
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«Estamos hartos de ver la utilización que los políticos hacen de la Justicia, el horror que les causa la sola idea de la independencia judicial. Poco les importa el daño que pueda hacerse el prestigio de las instituciones democráticas». Ese es uno de los párrafos recogidos en el documento suscrito por unanimidad en la junta de jueces de Palma celebrada ayer en sa Gerreria. Un total de 37 jueces (todos los asistentes a la junta) de un total de 45 respaldaron la resolución, que contiene, entre otras cuestiones, duros ataques a la clase política. Esta es la primera ocasión en una junta de jueces de Palma suscribe un acuerdo de esa naturaleza, que refleja la visión crítica del colectivo a una serie de cuestiones inherentes a su trabajo.

«Si alguna vez los políticos quisieron que la Justicia funcionara con eficacia y razonable rapidez han fracasado y no en vano habrá de recordarse que la jurisdicción que arrastra desde siempre mayor retraso es la contencioso-administrativa, precisamente la especialmente encargada de controlar la actividad de la Administración», señala el documento. Y añade: «Estamos preocupados como jueces y como ciudadanos por el desánimo que todo esto provoca en la sociedad, porque toda la sociedad democrática necesita unas instituciones en las que poder confiar y si se quiebra esa quiebra una parte importante de la confianza misma en el Estado de Derecho».

La junta de jueces, reunida durante tres horas por iniciativa del juez decano Palma, Pere Barceló, acordó, asimismo, «rechazar de manera tajante» el sistema de incentivos para que los magistrados resuelvan más asuntos planteado por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Según el comunicado, este plan de incentivos tiene como propósito «que dictemos más sentencias», pero no que dediquen «más horas a la función judicial». Por contra, los jueces de Palma solicitan «que se revisen a la baja, y no al alza, los módulos de trabajo existentes para que podamos dedicar a la resolución de cada asunto el tiempo que merece, en lugar de intentar que trabajemos de forma más acelerada y apresurada». Tras alertar contra «lecturas simplistas» y subrayar su disposición a trabajar «el mismo tiempo, superior si es menester a las 1.850 horas anuales, que es la jornada ordinaria», los jueces abogan por que se les asigne «menor cantidad de trabajo en pos de una mayor calidad».

Solicitan del Ministerio de Justicia que ponga los medios para evitar situaciones como que un juez se vea obligado a celebrar hasta quince juicios, «como está ocurriendo», y afirman que «si los jueces seguimos señalando ese tan elevado número de juicios no es tanto para cumplir los famosos módulos como para evitar que los juzgados se colapsen». «Hemos venido sacrificando calidad del servicio y serenidad en el ejercicio de la actividad para evitar el colapso. Vamos a reconsiderar este extremo», advierten. Los magistrados plantean su rechazo ante «cualquier sistema retributivo que, por falta de transparencia, pueda poner en duda» su independencia frente al poder político y alertan de que «está en jugo la tutela judicial efectiva», por lo que prefieren «que no mejoren en absoluto» sus retribuciones siempre que ello evite «ahondar en el grave problema del desorbitado número de asuntos a resolver por cada juez».