El alcalde de Palma, Joan Fageda, se pronunció ayer sobre el
problema que ha surgido por la presencia de unas pandillas de
jóvenes delincuentes, que actúan desde las últimas semanas en los
alrededores de algunos centros escolares de la ciudad. «El problema
no se soluciona con medidas policiales», destacó ayer el alcalde,
que considera que es necesario que estos delincuentes juveniles
cuenten con unos tutores que les ayuden a salir de esta situación.
Fageda reconoció que «es un asunto importante y difícil» y denunció
que no existen medidas diseñadas para actuar con garantías con este
tipo de menor.
«Si no se actúa con medidas de tutelaje no se resolverá el
problema», señaló el alcalde, que apostó también por una mayor
coordinación entre la Fiscalía de Menores y la policía. «El fiscal
debe decir hasta dónde puede actuar la policía». Las declaraciones
del alcalde se realizan tras la queja expresada por algunos
directores y padres de alumnos de centros escolares, que
denunciaban la falta de seguridad y la ausencia de coordinación con
los policías de barrio. Sobre ello, José Manuel Sierra, teniente de
alcalde del área de Governació, explicó que los mandos de la
Policía Local de Palma y del Cuerpo Nacional de Policía trabajan
desde hace días sobre el tema, con el propósito de diseñar una
estrategia de actuación.
Sin embargo, Sierra consideró que es necesario que se distinga
entre las actuaciones de unos grupos de menores delincuentes a los
incidentes que se producen a diario entre alumnos del colegio que
se pelean entre ellos. Así, el teniente de alcalde afirmó que en
Palma sólo actúan «de 10 a 15 chavales problemáticos, todos ellos
con amplios antecedentes policiales». Con respecto a las soluciones
al problema, el regidor municipal recordó que la actual ley del
menor es muy garantista. Aún así, consideró que es necesario que se
tomen otras medidas intervencionistas, con la aprobación de la
Fiscalía de Menores, incluida la posibilidad de tomar la decisión
de internar a estos chicos en un centro.
Sin embargo, Sierra apuesta más por seguir una política de ayuda
a estos jóvenes delincuentes, para que cuenten con el apoyo de
tutores y educadores sociales, con el propósito de educarles, y
evitar que reincidan en sus delitos. A pesar de este deseo, Sierra
reconoció que en estos momentos las administraciones que cuentan
con las competencias en materia de tutela no disponen de los medios
suficientes para conseguir este tutelaje.
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