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El arquitecto Manuel Sintes Riutort declaró ayer ante el juez del TSJB que investiga el supuesto delito de prevaricación del que son acusados por el PP el alcalde de Maó, Arturo Bagur, el concejal de Urbanismo, Francisco Fernández Terrés, y su hermano Francisco Terrés, vicepresidente del Parlament, que un funcionario, ya fallecido, le había notificado que la plaza de arquitecto estaba libre.

Según confirmó el abogado de los querellados, Antoni Diéguez, «Sintes ha demostrado que no es un testigo fiable, y aunque luego de citar a un muerto, recapacitó y dio el nombre de otro funcionario, que sí puede corroborar su testimonio, admitió finalmente que fue informado del proceso de contratación».

El juez Miquel Masot instruye la querella interpuesta por el PP por la contratación en el Ajuntament de Maó del arquitecto municipal José Luis Antón Pacheco. El letrado del PP, Rafael Pons, por su parte, afirmó que el testimonio del arquitecto Sintes «ha sido el del un señor avasallado por la Administración Pública (Ajuntament de Maó). «Félix Terrés le dijo que las bases de contratación no se pueden aplicar porque a veces se cumplen, y otras no. Algo realmente sorprendente, desde luego», aseguró.