El presunto expolio del Castell de Santueri por parte de Rupert
Spillmann es un asunto que se vuelve contra los responsables
institucionales de nuesto patrimonio. Eso al margen de si existió o
no apropiación de material histórico por parte de éste, una
cuestión que tal vez nunca tenga una respuesta clara. Evidentemente
si ha habido actuaciones contrarias a la ley, es preciso que el
tema se ponga en manos de la Justicia para que ésta determine las
posibles responsabilidades penales que hayan podido existir.
Pero, aparte de ello, hay que considerar el hecho de que, una
vez otorgado un permiso para el uso de un detector de metales en la
zona y para la realización de prospecciones por espacio de un año,
la Comissió de Patrimoni del Consell de Mallorca no ejerció en
ningún momento control efectivo alguno sobre las acciones que se
llevaban a cabo en el que lleva camino de ser uno de los
principales yacimientos arqueológicos de la Isla, y eso resulta
especialmente grave.
A toro pasado, el conseller d'Educació i Cultura del Govern
balear, Damià Pons, en aquella época conseller de Cultura del
Consell de Mallorca, asegura no tener conocimiento de cuanto
acontecía en el Castell de Santueri. Resulta, como poco, chocante
que nadie informara entonces al máximo responsable insular de algo
de tanta relevancia y que puede haber supuesto la pérdida
irreparable de material fundamental para conocer una parte
importante de nuestro pasado.
Es absolutamente preciso que desde las instituciones
responsables se ejerza un control efectivo sobre las acciones que
afectan al patrimonio histórico; lo contrario es un ejercicio de
dejadez institucional que repercute en perjuicio de todos. Hechos
como éstos no deben volver a repetirse, pero hay que investigar a
fondo para conocer lo que en realidad ha sucedido.
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