Nekane Domblás06/04/02 0:00
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Ninguna de las administraciones públicas de Balears, ni el Govern ni el Consell ni los ayuntamientos de las Islas podrán volver a endeudarse a partir de este mismo año y, como mínimo, hasta los presupuestos que se elaboren para el año 2005. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano en el que participan el Gobierno central y las comunidades autónomas, aprobó ayer la exigencia de «déficit cero» para las administraciones públicas con el voto en contra de todas las comunidades autónomas con consejeros de Economía socialistas. El conseller balear, Joan Mesquida, aseguró que esta propuesta, aprobada gracias al rodillo del Gobierno y de las comunidades del PP, tendrá consecuencias muy graves para la Comunitat Autònoma y, especialmente, para muchos de los ayuntamientos de las Islas que tiene graves problemas de financiación y que, como único recurso, deben acudir al endeudamiento.

Mesquida señaló que la consecuencia directa de la prohibición de endeudamiento será un descenso en los niveles de inversión de comunidades y ayuntamientos. Esta disminución de la inversión tendrá, a su vez, consecuencias directas en el empleo, hasta el punto de que el conseller d'Hisenda del Govern balear señaló que existe el riesgo de entrar en una etapa de destrucción de empleo. El conseller d'Hisenda aseguró a la salida de la reunión que, además de provocar un problema «enorme» en las finanzas de la Comunitat, la propuesta es injusta ya que no tiene en cuenta la situación en la que se encuentra cada una de las comunidades autónomas. Balears se encuentra en buena situación, según Mesquida.

Esta «injusticia» que criticó el conseller se traduce además en el hecho de que el Gobierno central se reserva para sí sólo la capacidad de endeudarse con cargo al superávit de la Seguridad Social. «El Gobierno ha tomado una decisión en la que se no se han calibrado una serie de problemas que pueden ser muy graves», señaló Mesquida. El conseller d'Hisenda tampoco consideró justo que la Administración central, que es la que acumula el 83'19 por ciento de la deuda de todas las administraciones, imponga a las demás unos criterios completamente restrictivos en la materia.