La empresa concesionaria del túnel de Sóller nos ha vuelto a
sorprender con un nuevo incremento de precios, el segundo de los
últimos cuatro meses, que ha comenzado a aplicar desde el pasado
lunes. Este aumento responde al IPC, en tanto que el del mes de
enero correspondía a la revisión del IVA. Quienes más van a notar
estas nuevas tarifas, tal y como está contemplado, son los no
residentes en la Vall.
No se trata de protestar por el aumento de unos céntimos de
euro. Lo que es inadmisible es el propio hecho del peaje. Quien
haya viajado por las carreteras de la Península habrá atravesado
decenas de túneles, muchos de ellos de mayores proporciones, sin
tener que pagar peaje alguno.
Pero es que, por si algo faltara, la polémica obra tuvo un
coste, mayor del previsto inicialmente, que obligó al Govern del PP
a tomar una serie de decisiones equivocadas. Si encima añadimos el
espinoso asunto del denominado «caso túnel» "pago de comisiones",
que acabó en los tribunales y que se llevó por delante la carrera
política del entonces presidente del Govern, resulta especialmente
doloroso seguir pagando las consecuencias de aquellos
despropósitos.
Es preciso recordar que el PSIB-PSOE abogaba por el rescate de
la concesión y, consecuentemente, la gratuidad del túnel para
todos. Han pasado casi tres años desde que el partido socialista,
coaligado con los otros partidos del Pacte, accedió al Govern.
Tiempo más que suficiente para haber hecho efectiva su promesa o
haber presentado sus disculpas al electorado por incumplimiento
manifiesto de uno de los puntos más llamativos de su programa
electoral.
Mientras tanto, hay que seguir pagando uno de los peajes más
caros del Estado español, y responsabilizar de ello al partido que
impulsó y ejecutó el proyecto "el PP" y al partido que prometió, y
no ha cumplido, eliminar el peaje.
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