Los Defensores Universitarios se reunieron ayer en la UIB

Esta comisión, creada hace dos años, está formada por los defensores de las universidades de Balears, Vigo, Córdoba, Madrid, Las Palmas, Valladolid, León, Málaga, Valencia y Girona, y tiene como misión redactar las conclusiones de la última reunión celebrada en Las Palmas y preparar el encuentro que tendrá lugar en octubre en León. Esa próxima cita será especial pues reunirá a los defensores veteranos y a los que se vayan incorporando estos próximos meses, ya que la LOU establece la obligatoriedad de esta figura para las 48 universidades públicas y las 16 privadas.

Según explicó el defensor de la Universidad de Vigo, «el fracaso es debido a tres cosas: al alumnado, al profesorado y al plan de estudios», ya que «el primero debe esforzarse más, el segundo debe tener como objetivo fundamental el enseñar a pensar al alumno, a trabajar en equipo, a sintetizar y a interpretar». Por último, «los planes de estudio deben ser racionales, no enciclopedistas, y pensar en las necesidades de la sociedad». «Sólo si estas tres partes cumplen su misión, el fracaso disminuirá», aseguró.

En referencia a la polémica planteada por un grupo de titulados de Turismo por la UIB, la síndica de greuges de la Universitat, Montserrat Casas, reconoció, por su parte, que «cuando una universidad decide ofrecer un título propio es porque la sociedad lo demanda y éste debería tener la misma calidad y validez que un título oficial y ser perfectamente homologable si es que éste existe». La defensora balear resaltó «la importancia de promocionar las convalidaciones» y, al respecto, anunció que se ha recomendado la revisión de la ley estatal en este sentido, «ya que éste es un tema que va más allá de las competencias universitarias».

Una segunda asignatura pendiente, dijo, es «la necesidad de dar un mayor reconocimiento, tanto social como por parte de las administraciones, al tercer ciclo o doctorado». Cerca del 60% de las reclamaciones que atienden los defensores provienen de los alumnos -sobre todo referidas a revisiones de exámenes-, un 30% de profesores y un 10% del personal de administración y servicios de las universidades.