De nuevo las disputas políticas "en el seno de distintos
partidos que forman parte del mismo equipo de gobierno" han puesto
barreras a un proyecto beneficioso para la ciudadanía. Si desde
hace años se plantea en esta isla la necesidad de poner coto a la
progresiva urbanización del campo, de pronto cualquier intento de
hacerlo ha quedado reducido a la nada a causa de la falta de
consenso en el seno del gobierno del Consell Insular
mallorquín.
El problema de base es la distinta concepción de la ordenación
territorial que tienen formaciones políticas tan dispares como
pueden ser Unió Mallorquina "nacionalistas conservadores", PSM
"nacionalistas de izquierdas" y Esquerra Unida-Els Verds
"comunistas y ecologistas". De ahí que el planteamiento de UM
"permitir la construcción de 450 viviendas cada año en terreno
rústico, demasiadas si tenemos en cuenta que en tiempos del PP se
autorizaron 250" chocaba de frente con los anhelos más
proteccionistas de los otros partidos, que pretendían añadirle a
esta norma un carácter retroactivo.
Al final lo que el ciudadano de a pie percibe de todo este
guirigay es una enorme confusión. Da la sensación de que los
políticos elegidos para gobernar esta isla no logran ponerse de
acuerdo ni ceder en sus pretensiones iniciales para alcanzar el
necesario punto en común. A consecuencia de ello el suelo rústico
vuelve al mismo punto en el que se encontraba desde hace años:
cualquiera puede levantar una casa siempre que cuente con 14.000
metros cuadrados de tierra y cumpla las normas subsidiarias de cada
ayuntamiento. Una situación que puede degenerar en una invasión de
grúas a diestro y siniestro, al levantarse la suspensión para las
licencias cuya concesión estaba aparcada a la espera de una nueva
legislación.
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