El impuesto turístico balear, la ecotasa, que empezará a cobrarse
el primer día de mayo, ha suscitado el debate crispado durante los
dos últimos años en la sociedad balear y ha degenerado en un
enfrentamiento frontal y en la inexistencia de relaciones entre el
Govern y el sector turístico y hotelero de las Islas, que
representan a la que es la principal actividad económica de
Balears.
Este tributo, que gravará como media con un euro diario a los
turistas nacionales y extranjeros que se alogen en establecimientos
turísticos de las Islas, es calificado por los empresarios de
Balears como injusto y discriminatorio, puesto que deja de lado al
turismo residencial y a parte de la oferta ilegal. Los empresarios
dicen también que el impuesto está mal planteado, que debería de
aplicarse en puertos y aeropuertos, al tiempo que se quejan de que
el Govern les convierta en recaudadores de impuestos.
El temor último que manifiestan todas las subpatronales
turísticas de las Islas, es que el impuesto turístico, en última
instancia, generará un encarecimiento del producto balear, en una
coyuntura turística desfavorable para las Islas "la Secretaría
General de Turismo cuantifica una reducción de reservas del orden
del 20 por ciento en los principales mercados emisores respecto a
2001", en un contexto de desaceleración de las economías europeas y
de creciente competencia por parte de los destinos emergentes de la
cuenca del Mediterráneo.
Por su parte, el Ejecutivo presidido por Francesc Antich,
destaca que la ecotasa es la medida estrella de un nuevo modelo
turístico que persigue sustituir el crecimiento cuantitativo, de
masas, registrado en los últimos años en Balears, por una
especialización en segmentos de mayor calidad, cambios que el
Ejecutivo balear pretende impulsar mediante inversiones en la
modernización de zonas turísticas y potenciando la mejora de oferta
de alojamiento. Otro de los ejes principales de la política que
propugna el Govern, pasa por convertir la ecotasa en un instrumento
«cohesionador» de la sociedad balear, mediante la extracción de
recursos de la principal actividad económica de las Islas, para
destinarlos a otros sectores menos favorecidos.
El Govern también pretende utilizar la recaudación del impuesto
para comprar y rehabilitar el patrimonio histórico de la Comunitat,
financiar proyectos para la recuperación medioambiental de enclaves
especialmente castigados e invertir en infraestructuras básicas
necesarias por el mayor número habitantes que las Islas acogen,
especialmente en verano.
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