El Govern quiere gastar este año 24 millones de euros (4.000
millones de pesetas) con la recaudación de la ecotasa. A la espera
de conocer en septiembre con más precisión los ingresos que se
obtendrán con el impuesto a lo largo de este año, el Govern ya
tiene prácticamente cerrado el listado de los proyectos que se
ejecutarán con la primera recaudación de la ecotasa.
El Ejecutivo presentará cinco proyectos por isla, la mayoría de
los cuales tendrán un plazo de ejecución de tres años. En Mallorca,
el Govern ha decidido que la conexión subterránea que unirá Palma y
Alcúdia sea prioritaria. Este proyecto tendrá un coste de 7'21
millones de euros (1.200 millones de pesetas) y se ejecutará en
seis meses. Esta conexión, tal y como adelantó este periódico la
semana pasada, permitirá un mayor aprovechamiento de los recursos
hídricos de la isla y evitará la instalación de una desaladora en
Alcúdia para suministrar agua al norte de Mallorca. El proyecto
prevé conectar el acuífero de sa Marineta, que ya está unido con el
de s'Extremera, con el de Crestatx. La consellera de Medi Ambient,
Margalida Rosselló, explicó recientemente en el Parlament los
detalles de este ambicioso proyecto, que pretende resolver los
problemas de abastecimiento que padecen los muncipios del norte de
Mallorca.
La compra de edificios en el centro histórico de Palma también
tendrá carácter prioritario en el primer listado de proyectos a
financiar con la ecotasa, aunque el Govern sigue negociando algunas
de estas operaciones. El Ejecutivo tiene en cartera la compra de
Can Weyler y Can Serra y la conversión de Can Fàbregues en un
centro de interpretación turística.
Entre los primeros proyectos que se desarrollarán con el dinero
de la ecotasa también se ha incluido la demolición de un hotel en
Calvià. Este establecimiento turístico se encuentra en primera
línea de mar y produce un fuerte impacto ambiental. Asimismo, la
Conselleria de Turisme sigue negociando la compra de la antigua
prisión militar de Ses Illetes. El precio que exigen los
propietarios de esta antigua instalación militar es el principal
obstáculo para que la operación no haya sido ya cerrada. El Govern
no está dispuesto a asumir la exigencia de los propietarios, aunque
sigue negociando.
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