El PSOE y el Censo Electoral discrepan sobre la inscripción de 24 argentinos

Los socialistas se dirigieron ayer al director de la delegación provincial de la Oficina del Censo Electoral para solicitarle la apertura de un expediente informativo que aclare la existencia de 24 residentes argentinos que «cambiaron el domicilio de su inscripción electoral una vez ya convocadas las elecciones autonómicas de junio de 1999». Asimismo, piden información al departamento o unidad administrativa concreta que tramitó esos cambios de inscripción una vez convocadas las elecciones, según el PSIB-PSOE, que cita el reciente auto dictado por el TSJB en el «caso Formentera».

«El PSIB exige explicaciones para aclarar cuanto antes cómo pudo ser posible este incumplimiento flagrante por parte del organismo que ha de velar para garantizar la transparencia y limpieza del procedimiento electoral. Un incumplimiento que se suma al resto de irregularidades que constituyen la trama del «caso Formentera», y que al fin, viene a confirmar que sin la existencia de un plan diseñado no se entiende la coincidente inscripción de argentinos en el municipio de Formentera», señala el escrito firmado por el secretario de organización de los socialistas, Damià Cánoves.

El Censo Electoral, por su parte, informó que en las elecciones de junio de 1999 se estimaron 74 reclamaciones, de las cuales, 72 procedían de Rosario (Argentina), que causaron alta por omisión en el censo, y otras 2 (1 proveniente de Londres y otra de Rosario), que supusieron una modificación de datos. Los responsables del Censo aclaran que las altas por omisión implican que era la primera vez que aparecían en el censo electoral, ya que «la Oficina del Censo Electoral no había recibido información alguna sobre ellos con anterioridad al 1 de marzo de 1999». Para verificar ese extremo, el Censo cita dos cuestiones: «Dichos electores no aparecían en las listas provisionales expuestas en el consulado de Rosario, ni en los supuestos ayuntamientos de origen, y no hubo notificación de baja a los supuestos del ayuntamiento en origen». Por ello, reiteran que «se cumplió con la normativa vigente».