Un informe del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas cuestiona la
validez técnica y jurídica de la prohibición de abrir nuevos pozos
en 15 de los 21 acuíferos de Mallorca y las limitaciones impuestas
en el resto. Si bien el informe es eminentemente técnico, también
hace consideraciones jurídicas por considerar nula la determinación
adoptada por la Direcció General de Recursos Hídrics «por no
haberse publicado íntegramente la normativa».
El estudio no se limita a observaciones técnicas y jurídicas ya
que también se indica que la medida «conducirá a la quiebra
irremediable de las 26 empresas de sondeos, provocando el despido
de 500 operarios». Los ingenieros de minas subrayan que en el
periodo 1985"2000 se autorizaron en Balears unos 9.000 sondeos. Si
la media de caudales máximos autorizados es de 4.500 metros cúbicos
anuales por año y pozo, han sido otorgados usos privados de 40'5
hectómetros cúbicos.
Además, el informe añade que no deben tenerse en cuenta los
máximos autorizados sino aplicar los que ahora se otorgan: 500
metros cúbicos anuales para una vivienda unifamiliar con jardín y
piscina. «En este caso no se extraerían 40'5 hectómetros sino 4'5»,
precisa el informe técnico.
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