La Oficina de Investigación Patrimonial, dependiente del juzgado
decano, tramitó el pasado año un total de 6.313 solicitudes de
jueces de distintas instancias para fijar el patrimonio de
ciudadanos que son objetos de causas judiciales. La información
permite a los jueces contar con datos fidedignos sobre la solvencia
de los ciudadanos investigados. Esas peticiones ascienden a 18.939
al multiplicarlas por cada uno de los organismo que conceden la
información, que son la Tesorería de la Seguridad Social, Tráfico y
Hacienda de Balears. Ello implica un aumento de casi el 50% de
solicitudes tramitadas con respecto a 2000, donde ascendieron a
4.220, para un total de 12.660.
«La obtención de datos se realiza a través de sistemas
informáticos y de forma muy rápida, ya que estamos conectados con
Hacienda, Tráfico y la Seguridad Social, explicó a Ultima
Hora uno de los funcionarios de la oficina, situada en los
juzgados de instrucción de Avenguda Alemanya de Palma. El aumento
de las peticiones formuladas por los jueces está directamente
vinculada al crecimiento de la población y de la actividad
económica en las Islas. Ello ha propiciado un notable incremento de
la actividad desarrollada por la oficina de investigación del
patrimonio entre personas con causas judiciales en Balears.
En apenas algunas horas, la oficina accede a los datos
requeridos por los jueces, que de esta forma, obtienen información
veraz y objetiva sobre el patrimonio de los ciudadanos
investigados. El Ministerio de Justicia abona el sueldo de las tres
personas que trabajan de forma interina en las dependencias, todo
ello, tras un convenio a tres bandas en el que participaron el
Govern, la Administración central y Juzgados.
El juez decano Pere Barceló es el autor de la iniciativa, que
mereció un amplio apoyo por parte del anterior Govern. La oficina,
según explicó Barceló, «respeta de forma rigurosa el reglamento de
Protección de Datos». «Ya funciona (una oficina de estas
características) en Valencia y su cometido es averiguar la
solvencia de personas que son objeto de causas judiciales que
pueden tener responsabilidades de carácter civil. Añadió que «a
veces, una misma persona tiene diez causas en diez juzgados; en
cada causa se pide un oficio a Hacienda para averiguar si esa
persona tiene bienes, con lo cual el trámite se hace eterno, por
ello, se ha canalizado toda la actividad en la Oficina de
Investigación Patrimonial».
Un escrito tipo de los enviados diariamente por los jueces tiene
el siguiente encabezamiento: «En el marco de la investigación,
amparada en el artículo 113.1 letra f, de Protección de los
Derechos e Intereses de Menores e Incapacitados, de la Ley General
Tributaria y en el artículo 36 de la Ley General de la Seguridad
Social, reformada por Ley 14/2000, el juez de Primera Instancia
solicita información patrimonial referente a la persona/entidad que
a continuación se menciona...»
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