Mónica González11/05/02 0:00
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Educació i Gestió denunció ayer «las graves consecuencias del retraso con el que la Conselleria d'Educació aprobará y publicará los currículos modificados de ESO y Bachillerato que deben aplicarse el próximo curso escolar», declaró Marc González, asesor jurídico de la patronal mayoritaria de los centros privados-concertados. En el año 2000, recordó, el Gobierno central realizó toda una serie de modificaciones en el currículum de Secundaria y de Bachillerato, estableciendo que las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas debían adaptar estos temarios a sus peculiaridades para implantarlos en el curso 2002/03.

«Estas adaptaciones deben conocerse con antelación para saber con qué profesores se debe contar, si se han de realizar contrataciones, ajustes de horarios y, además, cada docente debe preparar su nuevo temario». «Lo lógico, por tanto, -afirmó González- es que las novedades se puedan conocer con tiempo suficiente, pero la realidad es que, a fecha de hoy, la Conselleria se ha limitado a colgar en su página web la propuesta inicial, que no hay certeza de que vaya a ser el texto definitivo, entre otras cosas porque deben presentarse alegaciones».

De hecho, añadió, «los propios inspectores de los centros nos dicen que actuemos como si nada hubiera cambiado de cara al próximo curso, pero lo que pasará es que luego habrá que actuar con precipitación, o, más grave, que no se podrá aplicar el nuevo temario, con lo que se incumplirá una normativa básica estatal en materia educativa».

«Y lo último que hemos sabido ha sido a través de una circular que han recibido los colegios en la que la Conselleria anuncia que se publicarán los temarios definitivos a finales de junio o a principios de septiembre», lamentó. Así las cosas, aseveró que «en cualquiera de los dos casos el mal ya está hecho, sobre todo para los colegios privados y concertados, que son los que deben poner los anuncios para la contratación de docentes y saber qué titulaciones se tienen que ofertar; pues los centros públicos lo resuelven con los interinos, al menos en lo que hace referencia al personal».

Pero «el mayor despropósito es que mientras esta adaptación de temarios depende de la Dirección General de Ordenació i Innovació, desde la Direcció General de Planificació i Centres se presiona para que se comunique qué profesores van a perder horas, cuáles van a integrar la bolsa de recolocación o si va a haber vacantes o no; es decir que existe entre estas direcciones una descoordinación absoluta».