Más de cincuenta mil trabajadores de Balears se quedarán sin sus
derechos de desempleo como fijos-discontinuos si prospera la
reforma del paro que está promoviendo el Gobierno. Se trata de una
medida injusta que dejará fuera del actual sistema de protección
del desempleo al 85 por ciento de los trabajadores acogidos a esta
modalidad contractual en el sector turístico balear.
En este asunto, como suele ocurrir, pagarán justos por
pecadores, pues si el Gobierno pretende así cortar de raíz las
clásicas picarescas de quienes cobran el paro y hacen chapuzas al
mismo tiempo, lo que conseguirá será que muchas familias pierdan su
derecho a cobrar el desempleo de forma completamente inmerecida. Y
se cree un grave problema social.
Cualquiera estará de acuerdo en que la Administración debe
perseguir y castigar los fraudes, sean grandes o pequeños, que, en
efecto, se producen en nuestra sociedad, pero no a costa de quien
no los comete.
Balears tiene una estructura turística muy peculiar que
prácticamente se detiene durante los meses de temporada baja. Es
una realidad distinta a la del resto del país y por ello no debe
someterse a las mismas exigencias que los demás. Los trabajadores
de la hostelería sólo pueden ejercer su empleo durante los meses de
la temporada turística y sería preciso buscar otras soluciones si
se les retira el derecho al paro que hasta ahora disfrutaban, un
derecho que, por otra parte, ya se había recortado en los últimos
años.
La pretensión de que durante esos meses tengan que buscar otro
trabajo, necesariamente temporal, en una economía como la nuestra,
dominada por el turismo, será cuando menos complicada, por no decir
materialmente imposible.
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