El conseller de Treball, Eberhard Grosske, calificó a la Fiscalía
General del Estado de Jesús Cardenal de «institución corrupta»,
mientras que la Fiscalía de Balears y la Asociación de Fiscales
Progresistas respaldaron al fiscal del «caso Bitel», Miguel Àngel
Anadón, en su decisión de invocar el artículo 25 del Estatuto del
Ministerio Fiscal para expresar su opinión contraria a la orden
emanada por su superior, Jesús Cardenal, fiscal general del Estado.
Éste le había instado a sumarse a las peticiones de archivo de la
causa en la vista oral celebrada en la Audiencia de Palma.
Uno de los párrafos del artículo 25 del Estatuto del Ministerio
Fiscal señala: «El fiscal que reciba una orden o instrucción al
servicio y al ejercicio de sus funciones, referida a asuntos
específicos, deberá atenerse a las mismas en sus dictámenes, pero
podrá desenvolver libremente sus intervenciones orales en lo que
crea conveniente al bien de la Justicia». El portavoz de la
Asociación de Fiscales, José Antonio Martín Caro, reiteró que en el
informe oral prevalece la libertad de criterio del fiscal, defendió
la posibilidad de que pueda haber «opiniones contrarias sobre un
mismo asunto», y subrayó: «No es un cacicada de la Fiscalía General
del Estado insistir en el archivo de la causa».
En Balears, el fiscal jefe en funciones, Ladislao Roig, dijo que
su colega Anadón «hizo uso de la cláusula de conciencia» de que
disponen los fiscales con el artículo 25 del Estatuto del
Ministerio. «No es nada inusual, al contrario, en muchos casos los
fiscales pueden discrepar de la orden que reciben de su superior,
pero por el principio de legalidad están facultados para exponer su
opinión personal, y es lo que ha ocurrido con Anadón», explicó.
Con respecto al hecho de que la Fiscalía de Balears siga siendo
noticia en toda España, por diversas cuestiones, (entre ellas la
suspensión de empleo y sueldo del fiscal jefe de Balears, Antonio
de Vicente Tutor), Roig resumió su opinión con el siguiente
comentario: «Es muy triste». El portavoz de la Asociación de
Fiscales Progresistas, Antonio Camacho, declaró a Ultima
Hora que Anadón está en su derecho de hacer pública su
opinión disidente de la de su superior en una causa, pero insistió
en que la Fiscalía General del Estado «debe dar explicaciones al
ciudadano de por qué defiende en ese caso una postura contraria a
la opinión de todos los fiscales de Balears».
Por otra parte, el coordinador general de Esquerra Unida (EU),
Eberhard Grosske, aseguró ayer que «la Fiscalía General del Estado,
bajo la dirección de Jesús Cardenal, es una institución corrupta
porque no sirve para defender la Ley» sino que «está al servicio
del poder político para amparar su impunidad», según informa Efe.
Para Grosske, lo que sucedió durante la vista celebrada el
miércoles en la Audiencia de Palma «es un espectáculo indignante»,
ya que el fiscal renunció a hacer lo que consideraba justo (la
imputación de Matas ante el Tribunal Supremo) por acatar una orden
de Cardenal, «que se dedica a defender a los ministros». El líder
de EU y conseller de Treball dijo que ésta es «una cuestión de
extraordinaria gravedad que llevaremos al Congreso y al Senado».
Asimismo, el president del Govern, Francesc Antich, afirmó en
relación a los casos «Formentera» y «Bitel», y la presunta
participación del ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que «el
Partido Popular es el que debe saber depurar las responsabilidades
dentro de su partido, aunque parece que no lo quiere hacer».
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