Ya es oficial. Los sindicatos convocan una huelga general para
el próximo 20 de junio como medida de presión para que el Gobierno
retire la reforma de las prestaciones por desempleo. Será la
primera a la que se enfrente el Gobierno de José María Aznar,
aunque sus antecesores socialistas soportaron cuatro a lo largo de
sus sucesivos mandatos.
No es, desde luego, una medida que se pueda tomar a la ligera y
los sindicatos lo saben porque, entre otras cosas, lo que ponen en
juego con un órdago de esta magnitud es su propio prestigio a la
hora de movilizar a las masas.
Aunque tampoco es un asunto, el de la cobertura del desempleo,
que pueda tocarse sin el necesario consenso. España es un país muy
castigado por el paro "las últimas cifras son muy preocupantes" y
eso lleva consigo la necesidad de proteger a los desempleados para
que la situación social no derive hacia una crisis aguda. ¿Que se
dan casos de fraude? Por supuesto, siempre los ha habido y seguirá
habiéndolos a pesar de cuantas reformas se tramiten. Pero,
obviamente, hay que intentar que el fraude sea el mínimo.
Lo inadmisible es que la cerrazón de unos y otros aboque a todo
el país a una huelga general "perfectamente legal y constitucional"
que perjudicará a todos. Los parados tienen sus derechos,
evidentemente, y éstos deben salvaguardarse. Pero el primer
objetivo debe ser que encuentren trabajo. Sólo cuando esto no sea
posible hay que proporcionarles una adecuada cobertura social.
Tan intolerable es que un gobierno con mayoría absoluta
desprecie sistemáticamente las propuestas sindicales como que los
sindicatos utilicen la huelga con intención política y con excesiva
ligereza.
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