La confusión existente por las noticias aparecidas y la
preocupación latente en los 60.000 trabajadores fijos discontinuos
que desarrollan su actividad en el sector turístico balear,
«propicia que el Gobierno especifique al detalle si afectan o no
los cambios introducidos a los fijos discontinuos del sector
turístico. Es una cuestión clave y vital, dado que afecta a miles
de trabajadores y familias», apostilló Sedano. Por su parte el
Govern balear ha encargado unos informes jurídicos y una evaluación
económica sobre las repercusiones que tendrán en las Islas la
reforma del desempleo aprobada por el Gobierno central, que, según
el Ejecutivo autonómico, «sigue perjudicando a los trabajadores
fijos discontinuos».
Una vez publicado el real decreto de reforma de las prestaciones
por desempleo, la Conselleria de Treball y Formació constató ayer
en un comunicado que los cambios introducidos respecto al borrador,
que ya fue rechazado por la Conferencia Sectorial de Trabajo el
pasado 20 de mayo, «son poco sustanciales y no alteran el
contenido». Así, la nota señala que el real decreto recoge sin
modificaciones «los perjuicios para los trabajadores fijos
discontinuos», pese a que en la citada Conferencia Sectorial ya se
planteó el grave problema económico y laboral que suponía para este
colectivo.
La Conselleria de Treball considera que el Consejo de Ministros
del pasado viernes «no ha sido sensible a la problemática de los
fijos discontinuos de Balears», aunque ésta es una figura
contractual «esencial» para la economía de las Islas y también han
pedido al ministro de Medio Ambiente, el mallorquín Jaume Matas,
que explique su opinión sobre la reforma y cómo afectará ésta a los
fijos discontinuos de las Islas.
Por otra parte el sindicato USO en Balears emplazó ayer al
Govern balear a recurrir ante el Tribunal Constitucional la reforma
del desempleo aprobada por el Consejo de Ministros, a fin de poder
«defender a los trabajadores fijos discontinuos», un tipo de
contratación que en las Islas afecta a miles de empleados. En un
comunicado, este sindicato señala que la reforma del desempleo del
Gobierno central vulnera hasta ocho artículos de la Constitución
(35.1, 38.40, 40.1, 128, 129.2, 131.1, 131.2 y 149.13) y agrega
que, al tramitarla por decreto ley, «no respeta el artículo 86, que
contempla su utilización 'sólo en caso de extraordinaria y urgente
necesidad'». Según esta central sindical, la reforma «deja a los
trabajadores en permanente estado de sumisión e iguala el término
parado al de 'vago o delincuente'».
El sindicato CC OO continúa sosteniendo que la reforma afecta a
los fijos discontinuos de Balears y sostiene que «sólo son
considerados fijos discontinuos con derecho a prestación los
trabajadores contratados a partir del 2 de marzo de 2001 (artículo
15.8 del Estatuto de los Trabajadores), que representa un 2 por
ciento del total del colectivo». De la misma opinión es el
sindicato UGT que también pide una especial atención al colectivo
de fijos discontinuos que suponen unas 60.000 personas en Balears,
de las cuales, según su interpretación del texto de las reforma,
más de 50.000 podrían quedarse sin percibir prestaciones. La
patronal CAEB también está preocupada por la incidencia de la
reforma en la prestación por desempleo de los fijos discontinuos,
aunque sus informes jurídicos sostienen que la reforma no afecta a
los fijos discontinuos de las Islas.
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