Ya se veía venir que el órdago de los sindicatos al Gobierno
exigiéndole la retirada total de la reforma por desempleo que
promovía bajo la amenaza de una huelga general no podía traer nada
bueno. Y así ha sido. El presidente del Gobierno, José María Aznar,
poco amigo de este tipo de presiones, ha optado por dar un golpe
más fuerte todavía y dejar sentado quién dirige este país,
decidiendo tramitar la nueva norma por la vía del decreto,
eludiendo así la posibilidad de que la oposición discuta la norma
en el Congreso y presente sus enmiendas y consideraciones, algo
importante si tenemos en cuenta que representan la voluntad de
millones de ciudadanos.
Por lo que respecta a nuestras islas, lo cierto es que la
redacción de la normativa resulta confusa y no hace más que añadir
desasosiego a los miles de afectados en el Archipiélago, donde la
figura del fijo discontinuo es fundamental en la economía
turística.
Para tratar de aclarar las cosas, el Govern ha pedido informes
jurídicos y una evaluación del impacto que tendrá el decretazo en
Balears, donde ha sido acogido con preocupación y donde ya se
preparan acciones para recurrir la medida ante el Tribunal
Constitucional.
Cabe preguntarse ahora si la reforma del desempleo era tan
urgente como para escoger necesariamente la figura del decreto ley
y si no se trata, más bien, de una medida de fuerza del Gobierno
para amedrentar a los sindicatos que, a la postre, no hará más que
perjudicar a los trabajadores afectados.
Acabar con las corruptelas y fraudes relacionados con el
desempleo es necesario, todo el mundo lo sabe, pero castigar a los
trabajadores honrados por ello y minimizar las prestaciones no son
el camino más adecuado. Las consecuencias las veremos a la
larga.
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