El secretario general de Empleo, Juan Chozas, aseguró ayer que los
trabajadores fijos discontinuos «no perderán ni un duro con la
reforma de la protección por desempleo, ya que están acogidos a un
régimen anterior al de la reforma de marzo de 2001». Chozas
respondió así ayer en Madrid a los sindicatos, que han denunciado
que el «decretazo» elimina la prestación por desempleo a los fijos
discontinuos en los meses que no trabajan, que afectaría
principalmente a trabajadores de Balears.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales remitió ayer una
nota para aclarar la confusión que se ha generado con el
«decretazo», negando de forma taxativa que los trabajadores fijos
discontinuos van a verse desprotegidos, «esto es absolutamente
erróneo y alejado de las pretensiones clarificatorias y de ajuste
pleno a la legalidad, así como del mantenimiento de la protección
por desempleo de estos trabajadores que se pretende. Así, la
protección por desempleo de los fijos discontinuos que con carácter
general se ha dispensado en 2001, se mantendrá en 2002 en las
mismas condiciones, alcanzando, de forma estimada, la cifra de
145.000 beneficiarios con 35.000 millones de pesetas de gasto, en
todo el Estado».
El conseller de Treball, Eberhard Grosske, anunció ayer que el
Govern estudia presentar un recurso de inconstitucionalidad en
contra del polémico decreto. Grosske explicó que su departamento se
ha puesto en contacto con los servicios jurídicos de la Comunitat
para que informen sobre las posibilidades que tiene el Govern para
presentar este recurso. El conseller también ha encargado estudios
sobre el alcance de esta medida del Gobierno central. El conseller
de Treball consideró que el discurso del PP sobre esta cuestión es
«absurdo» y añadió que, en lugar de negar la evidencia, debería
corregir.
Por otro lado, el pleno del Parlament fue ayer escenario de un
debate entre el Partido Popular y los partidos del Pacte de Progrès
por la polémica de los fijos discontinuos. Según las fuerzas de
izquierdas, la reforma de las prestaciones por desempleo dejará sin
subsidio de paro a 53.000 fijos discontinuos de nuestras islas,
mientras el PP defendió que la nueva regulación no afectará a
quienes tengan este tipo de contrato. «La reforma no afecta ni
perjudica los derechos de los trabajadores fijos discontinuos de
esta Comunidad», afirmó su portavoz, Joan Flaquer, cuya opinión es
que «lo único que hace esta reforma es intentar luchar contra el
fraude laboral».
Asimismo, el presidente del Govern, Francesc Antich, expresó
ayer su preocupación por una reforma laboral «que cambia de forma
cruel el sistema de prestaciones por desempleo y convierte en
simples concesiones administrativas algunos derechos que ha costado
mucho conseguir». Una reforma laboral que con la reducción de las
prestaciones por desempleo, afectará «muy directamente a un
colectivo de cerca de 60.000 trabajadores fijos discontinuos de
Balears», dijo Antich en la inauguración de la Jornada que sobre
Trabajo, Inmigración y Pensiones organizada por el Club
Ultima Hora y la Fundación Areces.
Juan Chozas: «No es una huelga contra las organizaciones
empresariales»
El secretario general de Empleo, Juan Chozas, aseguró ayer que en
los próximos días convocarán a las autonomías para recoger sus
propuestas sobre la Ley Básica de Empleo, «que va a ser el marco de
gestión de las políticas de empleo en el futuro». Por otro lado,
Chozas explicó que en el caso de la huelga general del próximo 20
de junio no es aplicable el acuerdo de solución extrajudicial de
conflictos, porque no se trata de una huelga contra las
organizaciones empresariales, sino contra el Gobierno. En cuanto a
los servicios mínimos esenciales, dijo: «Espero que se logre el
máximo nivel de acuerdo para garantizar derechos constitucionales
de muchas personas. Espero que los españoles que opten por ejercer
el derecho de huelga no vayan a trabajar y pierdan su día de
salario, y los españoles que quieran ejercer su derecho al trabajo
vayan a trabajar con toda normalidad». Asimismo, indicó que el
decreto ley aprobado por el Gobierno sobre la reforma de protección
por desempleo y la futura Ley Básica de Empleo contemplan medidas
de apoyo para mejorar el sistema de información, y un plan de
ayudas a la movilidad. Descartó la supuesta falta de disposición a
la movilidad geográfica, y afirmó que casi la mitad de los parados
están dispuestos a aceptar un puesto de trabajo fuera de su lugar
de residencia, según datos de la EPA.
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