Nuevamente nos enfrentamos a una convocatoria de huelga general,
motivada por la drástica reforma del desempleo llevada a cabo en
forma de decreto por el Gobierno de José María Aznar, que, según
los sindicatos, no sólo rebaja las prestaciones del paro, sino que
disminuye de forma alarmante las indemnizaciones en caso de
despido. El motivo de la huelga puede ser discutible o no, pero lo
que nunca se puede cuestionar es el derecho de los trabajadores a
ejercer esta medida extrema de presión cuando ven amenazadas sus
condiciones de trabajo.
En este punto ningún extremo es susceptible de albergar duda
alguna, aunque sí que es preciso exigir "al igual que los
sindicatos exigen a la patronal, al Gobierno o a quien sea que
escuche sus peticiones y que se atenga a la legalidad" el
cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por la
Administración.
Claro que a veces, cuando se trata de un sector clave para el
funcionamiento de una comunidad, las autoridades imponen unos
servicios mínimos tan completos que cualquier intento de huelga
pasa desapercibido. Así que ante una situación como la que se
avecina es exigible una conducta intachable a todas las partes, así
como una previsión matemática de lo que pueda llegar a ocurrir.
Que no volvamos a ver escenas tan penosas como las del año
pasado durante la huelga de transportistas, que, saltándose a la
torera "ante la indiferencia política y policial" todos los
servicios mínimos, llegaron a paralizar el aeropuerto en un momento
crítico para el sector vacacional. Más que nunca hay que hacer una
llamada a la responsabilidad. Mallorca no puede permitirse otro
golpe a su primera industria, de la que todos nos beneficiamos.
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