Nekane Domblás02/06/02 0:00
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Los representantes del Pacte han conseguido que Unió Mallorquina acepte que la ley de cupos, la que regulará el crecimiento de Mallorca en los próximos años, afecte a suelo rústico. Ello significa que, a través de la ley de regulación del crecimiento, el Govern ha logrado imponer también los cupos en rústico, que quedaron desactivados tras una reciente crisis vivida por los socios del Pacte en el Consell de Mallorca.

La inclusión del suelo rústico en la ley de regulación del crecimiento fue el aspecto que provocó más tensión entre UM y los demás socios del Pacte durante las negociaciones de la ley. UM considera que el suelo rústico no debía verse afectado por los cupos, pero el resto de socios del Pacte consideró imprescindible que las viviendas unifamiliares también computaran en el montante global de licencias. Para el Pacte, si las limitaciones para construir sólo se imponen en suelo urbano, toda la presión urbanística que existe en estos momentos se trasladaría inmediatamente a suelo rústico. Por esta razón, todos los socios del Pacte consideraron irrenunciable que el suelo rústico quede afectado por los cupos totales.

La ley hace dos cesiones importantes de competencias. Por un lado, deja que sean los consells quienes repartan los cupos en función de la delimitación de dos zonas. En los municipios del interior existirán menos limitaciones para edificar que en las zonas costeras. Por otro lado, la ley deja a los ayuntamientos la posibilidad de definir el crecimiento por áreas. Es en este apartado donde queda afectado el suelo rústico y no se descarta introducir alguna variante para que, a la hora de fijar el reparto, se de prioridad al suelo urbano frente al rústico.

Las negociaciones entre los socios del Pacte están prácticamente cerradas para que la ley pueda aprobarse el viernes de la próxima semana si no surgen problemas durante estos días. El acuerdo definitivo llegó en una reunión mantenida el pasado miércoles entre el president del Govern, Francesc Antich, y la presidenta del Consell, Maria Antònia Munar. Tal y como está redactado el último borrador, que será el séptimo elaborado por la Conselleria d'Obres Públiques, diez municipios de Balears se verán afectados este mismo año por el texto y tendrán que reducir el crecimiento. El año que viene, el número de municipios afectados ascenderá a 24 y con la entrada en vigor definitiva del uno por ciento serán 45 los ayuntamientos afectados por el texto legal.