La Audiencia de Palma envía el caso Bitel al Supremo

El TS está pendiente también de decidir si cita como imputado a Matas por el «caso Formentera», en el que se investiga la supuesta captación de votos de emigrantes isleños en Latinoamérica en favor del PP en las elecciones autonómicas de 1999. En el «caso Bitel» se investiga el supuesto espionaje del correo electrónico de un dirigente socialista por parte del Govern balear que presidía Matas en la anterior legislatura.

La resolución judicial considera «prematuro» el archivo y el cierre de la fase de instrucción de la causa y estima «conveniente» que le sea recibida declaración al ministro de Medio Ambiente, «en tanto que los interrogantes que se suscitan sólo pueden ser contestados por el entonces presidente». También señala que la declaración debería ser como imputado y, tras precisar que a tal posición procesal «no debe asociársele en principio connotación peyorativa alguna», argumenta que la razón es «la de asegurar la plena efectividad del derecho de defensa».

Las investigaciones sobre este caso se iniciaron a raíz de una denuncia presentada en el 2000 por el «Pacto de Progreso» que gobierna en Baleares y que acusa a Matas de espiar supuestamente, entre 1998 y 2000, a través de su entonces secretario, Sebastiá Vallori, el correo electrónico del ex presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca, Francecs Quetglas, actual conseller de Obras Públicas del Govern.

La acusación particular solicitó el pasado mes de diciembre que el juzgado se inhibiera en favor del TS, petición que fue avalada a principios de febrero por la Junta de Fiscales de Baleares, que acordó por unanimidad solicitar la imputación en este caso del ministro de Medio Ambiente. Sin embargo, el 20 de febrero, el juez instructor dictó un auto de archivo del caso, alegando que no existían indicios racionales de la comisión de un delito, ya que, pese a considerar «indiscutible» que hubo un redireccionamiento del correo electrónico de Quetglas hacia la cuenta de Vallori, arguyó que éste se debió a un error.

Después de que las acusaciones presentaran una apelación en contra del archivo de la causa, la Audiencia de Palma celebró una vista oral el pasado 22 de mayo para decidir sobre el caso. En ella, el fiscal del caso, Miguel Angel Anadón, pidió su archivo siguiendo instrucciones de la Fiscalía General del Estado, pero invocó el «principio de legalidad» para solicitar, a título personal, que siguiera la instrucción en el Supremo para tomar declaración como imputado a Matas.

En el auto hecho público hoy, la Audiencia Provincial subraya «el hecho indiscutible, no controvertido y admitido por todas las partes» de que existió un indebido redireccionamiento del correo electrónico de Quetglas entre marzo de 1998 hasta marzo del 2000, de modo que todos los mensajes llegados a su cuenta eran automáticamente reenviados, sin su conocimiento, a la de Vallori.

En el escrito, de 15 folios, el Tribunal menciona las pruebas periciales practicadas, que corroboran que Vallori recibió numerosos correos electrónicos cuyo destinatario era Quetglas, y recuerda también que Matas exhibió en el Parlament balear un documento «remitido, en exclusiva, al presidente de la Comisión Insular de Urbanismo de Mallorca». Por eso, la Audiencia entiende que existen indicios de que, «aún partiendo de que hubiera un error inicial en el redireccionamiento del correo electrónico, dan razonablemente en pensar que, una vez se fueron recibiendo documentos en la cuenta de Vallori, se produjo el apoderamiento o aprovechamiento de esos documentos».