La reforma laboral dictada por el Gobierno de Aznar extraerá 120
millones de euros (20.000 millones de pesetas) de la economía de
Balears, concretamente de los bolsillos de 60.000 trabajadores
fijos discontinuos "la mitad viven todo el año en las Islas", con
fecha cierta de incorporación a su puesto de trabajo, que dejarán
de tener derecho a prestación por desempleo, afirma el director
general de Economia, Antoni Monserrat. El Govern augura para este
invierno una reducción de 60 millones de euros (10.000 millones de
pesetas) en las ventas del comercio minorista a raíz de la caída
consiguiente del consumo.
Monserrat sostiene que Balears es un caso atípico en España,
puesto que la estacionalidad marca el conjunto de su actividad
económica. «La refoma laboral persigue que los trabajadores fijos
discontinuos con fecha cierta de incorporación a su puesto de
trabajo busquen otro empleo durante el invierno, lo que es
imposible en Balears, puesto que el diferencial entre afiliados a
la seguridad social entre los meses de enero y de julio es de
100.000 trabajadores, lo que demuestra que no podemos cargar al
trabajador con la obligación de encontrar una trabajo que no
existe», dice Monserrat.
Monserrat enumera entre los efectos de la reforma laboral, al
margen de su incidencia en la demanda interna, un prejuicio para
las pensiones del futuro; un incremento de la presión sindical en
la negociación colectiva de la hostelería «para recuperar parte de
lo que pierden» y una desincentivación en la llegada de
trabajadores temporeros peninsulares, extremo en que coincide con
los sindicatos. «Los trabajadores que no tengan derecho a
prestación igual cambian de sector o deciden quedarse en sus
lugares de residencia habituales», afirma CC OO desde Málaga.
A esta pérdida de liquidez, habrá que añadir la generada por la
eliminiación de los salarios de tramitación, es decir, el salario
que hasta ahora cobraban todos los trabajadores despedidos de forma
improcedente, desde el momento en que dejaban su puesto de trabajo
hasta que concretaban su indemnización con sus respectivas
empresas, con un tope de sesenta días en los que no podían
trabajar. El director general de Treball, Fernando Galán, anunció
ayer que durante el año 2001 en Balears se tramitaron un total de
6.443 despidos improcedentes, que dieron lugar a salarios de
tramitación por valor de unos 1.000 millones de pesetas.
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