Se ha producido la primera dimisión a consecuencia del llamado
«caso comedores», que denunció el Partido Popular por las presuntas
irregularidades cometidas por la Conselleria d'Educació al
adjudicar el servicio de los comedores escolares de dos colegios
públicos, en Petra y Vilafranca, a la empresa del marido de la
directora general de Educació, Catalina Bover. En opinión del PP,
la concesión se realizó sin respetar las cláusulas administrativas
y prescripciones técnicas vigentes, con una probable manipulación
de las actas de las mesas de contratación.
Tras una investigación encargada por el propio Govern, en la que
se concluye que no hubo irregularidades, aunque sí errores, se
produce la dimisión del jefe de Negociado de Expedientes.
Las explicaciones ofrecidas por el conseller Damià Pons en el
Parlament, a preguntas de los populares, no han conseguido calmar
los ánimos del PP, que insiste en que las actas de contratación
contenían, al menos, una firma falsificada.
Ante la acusación de uno y la defensa del otro, es difícil
conocer la auténtica dimensión de la situación. No parece que
estemos ante un grave caso de corrupción, pero no cabe duda de que
se ha puesto en evidencia que en el procedimiento administrativo ha
habido errores que deben explicarse convenientemente. La
Conselleria d'Educació debería ser la más interesada en que no
quede ninguna sombra de duda. Si no lo hace, dejará una brecha
abierta que el PP utilizará hasta sus últimas consecuencias.
Tácticas políticas al margen, hay que exigir a la Administración
que se cumplan escrupulosamente todos los trámites y que no se
convierta el papeleo oficial en un simulacro.
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