El PP goza de una mayoría absoluta que le permite sacar adelante
cualquier proyecto que se proponga sin tener que consultar siquiera
con el resto de los grupos presentes en el Parlamento. Y eso es lo
que acaba de ocurrir con el polémico decreto de reforma del
desempleo, que ya ha superado su trámite en el Congreso, esta vez
sin el apoyo de nadie, a excepción, naturalmente, del partido en el
Gobierno.
Ni los tradicionales apoyos de CiU y Coalición Canaria se han
dejado ver en esta ocasión respaldando a Aznar en su postura de
inflexibilidad y han preferido abstenerse, quizá también para que
nadie pueda responsabilizarles de los resultados de la huelga que
se nos echa encima. Para consuelo de algunos, en una segunda
votación se acordó que el texto se tramite como proyecto de ley
para que los diferentes grupos puedan presentar enmiendas, aunque
es previsible que sólo se admitan pequeñas modificaciones que no
varíen el fundamento de la norma que, según defiende el Gobierno,
permitirá atajar el fraude existente en el cobro del desempleo.
Pese a que la ley contenga elementos positivos con los que
comulgan muchos ciudadanos, el error gubernamental ha sido legislar
teniendo enfrente al resto de partidos y a los sindicatos, que
representan los intereses de millones de españoles. Durante el
debate parlamentario, el responsable socialista de Economía
pronunció palabras que hoy en día están en la mente de todos al
pedir al Gobierno «un gesto para recuperar el diálogo». Poco
después, desde el Ejecutivo se recordaba a los trabajadores el
coste económico que para sus bolsillos tendrá la participación en
la huelga "unos 70 euros", un detalle que quizá deja entrever que
ya se contempla la posibilidad de que el paro convocado contra este
decreto sea un éxito.
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