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Las centrales sindicales continúan con su calendario de asambleas y reuniones con el fin de convocar a los trabajadores y trabajadoras de todos los sectores a la huelga general del 20 de junio.

Ayer por la mañana se llevó a cabo una asamblea informativa multitudinaria de delegados y delegadas de hostelería de CC OO y UGT. Tras la asamblea, celebrada en el salón de actos de CC OO, un grupo de delegados y delegadas del sector de la hostelería protagonizaron una manifestación, con piquetes informativos, con la que recorrieron las calles Oms, Plaça d'Espanya y las avenidas repartiendo folletos convocando a la huelga del 20-J y a la manifestación prevista para el mismo día, a las 19.00 horas, en la Plaça d'Espanya.

Por otra parte los secretarios generales de CC OO y UGT, Josep Benedicto y Lorenzo Bravo respectivamente, presentaron ayer un manifiesto elaborado por profesionales del derecho del trabajo y de la Seguridad Social, con el lema 'El decretazo y la huelga general del 20-J.'

Los juristas Ferran Gomila y Joan Calatayud defienden que el 'decretazo'supone «un recorte de los derechos sociales de los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social y el desempleo por la 'puerta de atrás', escamoteando el debate parlamentario y el debate social. Invocando inexistentes causas de urgencia, se viene utilizando la vía del decretazo o de las leyes presupuestarias, en vez de la ley ordinaria que es la única que garantiza el oportuno debate sindical, social y parlamentario», apuntan. Los abogados laboralistas consideran como muy grave «la supresión de los salarios de tramitación en los despidos que sean declarados judicialmente como improcedentes y el empresario opte por la extinción del contrato» y también califican como grave «la exclusión del derecho a la protección por desempleo para los trabajadores que hayan sido contratados con contratos de inserción y para los trabajadores fijos discontinuos periódicos».

Los juristas sostienen que «ante tan grave situación, la convocatoria de huelga general no sólo se encuentra plenamente legitimada, sino que constituye un medio constitucional para detener esa política de recorte drástico de los derechos de los trabajadores y los pensionistas».