Las centrales sindicales continúan con su calendario de asambleas y
reuniones con el fin de convocar a los trabajadores y trabajadoras
de todos los sectores a la huelga general del 20 de junio.
Ayer por la mañana se llevó a cabo una asamblea informativa
multitudinaria de delegados y delegadas de hostelería de CC OO y
UGT. Tras la asamblea, celebrada en el salón de actos de CC OO, un
grupo de delegados y delegadas del sector de la hostelería
protagonizaron una manifestación, con piquetes informativos, con la
que recorrieron las calles Oms, Plaça d'Espanya y las avenidas
repartiendo folletos convocando a la huelga del 20-J y a la
manifestación prevista para el mismo día, a las 19.00 horas, en la
Plaça d'Espanya.
Por otra parte los secretarios generales de CC OO y UGT, Josep
Benedicto y Lorenzo Bravo respectivamente, presentaron ayer un
manifiesto elaborado por profesionales del derecho del trabajo y de
la Seguridad Social, con el lema 'El decretazo y la huelga general
del 20-J.'
Los juristas Ferran Gomila y Joan Calatayud defienden que el
'decretazo'supone «un recorte de los derechos sociales de los
trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social y el desempleo
por la 'puerta de atrás', escamoteando el debate parlamentario y el
debate social. Invocando inexistentes causas de urgencia, se viene
utilizando la vía del decretazo o de las leyes presupuestarias, en
vez de la ley ordinaria que es la única que garantiza el oportuno
debate sindical, social y parlamentario», apuntan. Los abogados
laboralistas consideran como muy grave «la supresión de los
salarios de tramitación en los despidos que sean declarados
judicialmente como improcedentes y el empresario opte por la
extinción del contrato» y también califican como grave «la
exclusión del derecho a la protección por desempleo para los
trabajadores que hayan sido contratados con contratos de inserción
y para los trabajadores fijos discontinuos periódicos».
Los juristas sostienen que «ante tan grave situación, la
convocatoria de huelga general no sólo se encuentra plenamente
legitimada, sino que constituye un medio constitucional para
detener esa política de recorte drástico de los derechos de los
trabajadores y los pensionistas».
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