La Asociación de Promotores y Constructores de Balears acusa al
Govern Balear de «oportunismo político» en su impulso a la ley de
cupos. Afirman que esta norma representa un atentado directo contra
la propiedad privada, al tiempo que contribuirá a encarecer la
vivienda y a fomentar la especulación en el sector inmobiliario de
las Islas, según señaló ayer el gerente de esta asociación, Manuel
Gómez.
Para los constructores, la ley de cupos, cuyo proyecto fue
aprobado el pasado viernes en Consell de Govern y que tiene por
objetivo reducir el crecimiento urbanístico al 1 por ciento anual
en las Islas, responde a la necesidad del Ejecutivo autonómico de
trasladar a los ciudadanos que está legislando en materia de
protección del territorio.
Los constructores argumentan en este sentido que esta norma
autonómica no tendrá efectos hasta que no se aplique el nuevo plan
territorial de Mallorca y se derogue la actual moratoria
urbanística del Consell, ya que la norma cautelar es más
restrictiva.
El gerente de la patronal confía en que se agilice la aplicación
del plan territorial para acortar al máximo la vigencia de la
moratoria urbanística. El sector estima que en un periodo de entre
un año y un año y medio, cuando se dejen de ejecutar las obras con
licencias otorgadas en años anteriores, la actividad constructora
se verá reducida en un 75 por ciento.
Gómez realizó estas declaraciones durante la presentación del
Aula de Nuevas Tecnologías para la Construcción que han impulsado
conjuntamente la Fundación Laboral de Construcción, presidida por
él mismo, y la Cámara de Comercio de Mallorca, Eivissa y Formentera
con la colaboración de la Conselleria d'Innovació i Energia.
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